Vitoria, la capital del estado de Espírito Santo, se ha convertido en una ciudad fantasma y sin ley tomada por el miedo. La huelga de la Policía Militar, que se inició este fin de semana, se ha traducido en una ola de violencia sin precedentes. Ya se contabilizan 101 asesinados en todo el estado. En enero, en cambio, solo hubo cuatro homicidios.

Centros educativos, órganos públicos, algunas sucursales bancarias y la gran mayoría de los comercios han interrumpido sus actividades. Los autobuses han dejado de transitar en la capital y el área metropolitana tras el asesinato de un líder sindical. Mil integrantes del Ejército y 200 de la Fuerza Nacional, convocados a toda prisa de otros estados, ahora patrullan por las calles desiertas.

Los saqueos en los comercios de inicio de semana han cesado. Las ejecuciones no, aunque la mayoría son ajustes de cuentas entre pandillas en los barrios periféricos más pobres, según señalan los especialistas en seguridad.

TIROTEOS A PLENA LUZ

Las redes sociales y los programas informativos se han inundados de vídeos caseros que muestran imágenes de tiroteos a plena luz del día. Algunos vecinos se han organizado y han levantado incluso barricadas para evitar invasiones en sus edificios residenciales. Tan sólo el lunes, en Vitoria, hubo 200 incidencias, entre robos de vehículos y atracos a sus ocupantes.

El gobierno del estado de Espírito Santo ha calificado de “chantaje vergonzoso” la actitud de los agentes, que piden un aumento de sueldo y mejores condiciones de trabajo. Como el cuerpo está militarizado y no tiene reconocido el derecho a huelga, la fórmula adoptada ha sido el bloqueo de las comisarías por parte de los familiares, que están acampados, obstruyendo su acceso.

De momento, las negociaciones para el fin de la paralización van a un ritmo muy lento y no se prevé llegar a un acuerdo en los próximos días.

En un momento de recesión económica y recortes generalizados, el gobierno federal, de Michel Temer, teme que la huelga en Espírito Santo contamine a otros estados, como ocurrió en enero con la crisis en las presiones, donde 65 presos fueron asesinados. En Río de Janeiro, donde hay salarios atrasados desde hace un año, la Policía Civil asegura que el 90% de las comisarías están en huelga.