Donald Trump ha tardado poco más de 24 horas en comprobar, y con un mazazo, que su poder no es ilimitado y que sus decisiones deben superar el examen de la ley. Este sábado una jueza de Nueva York ha bloqueado en todo el país por ahora las deportaciones de refugiados e inmigrantes de siete países de mayoría musulmana a los que Trump negó la entrada con una polémica orden ejecutiva firmada el viernes.

La decisión de la magistrada Ann Donnelly, que se produjo justo antes de las nueve de la noche en un tribunal federal en Brooklyn en un caso planteado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos en nombre de dos afectados iraquís, no garantiza la entrada en el país de entre 100 y 200 personas que habían quedado retenidas en aeropuertos estadounidenses desde el viernes. Tampoco afecta a refugiados o inmigrantes con documentación que no hayan viajado aún a EEUU ni valora si la orden de Trump vulnera la Constitución.

En cualquier caso, deja claro al gobierno que no puede deportar a personas que han llegado con estatus de refugiado o con sus visados en regla, alegando que “hay inminente peligro de que pueda producirse un daño irreparable y sustancial” a los afectados. Y la magistrada, en un momento de la vista, ha lanzado también una crítica a la Administración. “Creo que el gobierno no ha tenido oportunidad de pensar sobre esto”, ha dicho.

UN DÍA DE MIEDO Y PROTESTAS

La celebrada victoria de los opuestos a la orden ejecutiva, que queda en suspenso a nivel nacional por lo menos hasta una vista el 21 de febrero, ha puesto colofón a un día frenético y dominado por el miedo, la incertidumbre y las muestras de condena globales. En EEUU, la indignación ha tomado forma de manifestaciones espontáneas y numerosas en más de una docena de aeropuertos del país.

Lo ocurrido demuestra, además, la improvisación que está guiando parte de las acciones de Trump, aunque él mismo este sábado hubiera insistido en que “no es un veto a los musulmanes” y hubiera asegurado que estaban “totalmente preparados”. En la vista en Nueva York uno de los abogados del gobierno ha reconocido: “las cosas se han ido desarrollando tan rápido que no hemos tenido tiempo aún de revisar la situación legal”. Y unos minutos después de la decisión de la juez Connelly en Nueva York, otra magistrada de un tribunal federal en Virginia ha dictado una orden bloqueando durante siete días la deportación de cualquiera con permiso de residencia detenido en el aeropuerto de Dulles.