Si hay algún lugar en Francia que simboliza el fracaso de la política migratoria europea, ese lugar es Calais, la ciudad portuaria situada a tan solo 84 kilómetros de las costas británicas que cientos de migrantes sueñan con alcanzar.

En pleno debate sobre la nueva ley de asilo e inmigración que el Gobierno aprobará el próximo 21 de febrero, el presidente francés, Emmanuel Macron, se desplazó ayer a Calais para defender una reforma legislativa muy criticada por las asociaciones humanitarias, que ven peligrar el principio republicano que hace de Francia una tierra de acogida.

Ante las fuerzas del orden reunidas en la Gendarmería de Calais, el presidente pronunció un discurso firme y contundente. Mucho más duro que cuando era candidato a la presidencia de la República y con un claro objetivo: luchar sin cuartel contra la inmigración irregular «El Estado no dejará que se reconstruya una jungla. Trabajaremos para que Calais no se convierta en la puerta trasera de entrada a Inglaterra».

La llamada jungla era un campamento inmundo del que fueron desalojadas casi 8.000 personas en octubre del 2016 para ser repartidas en diversos centros de acogida de todo el país mientras la lenta Administración francesa examinaba si eran candidatos al estatuto de refugiados.

Ahora la cifra no llega a 400, pero la situación está lejos de ser pacífica. Muchas asociaciones se quejan de la brutalidad con la que la policía trata a los migrantes y Macron afrontó el tema con un doble mensaje.

Advertencia a la policía / El primero dirigido a los agentes, a quienes agradeció su labor advirtiéndoles no obstante que si se extralimitan en sus competencias serán sancionados. El segundo, destinado a las organizaciones humanitarias, para que no animen a los inmigrantes a permanecer en la ilegalidad ni les ayuden en su paso clandestino hacia el Reino Unido.

«Eficacia y humanidad» es el mantra que repite el presidente para lograr un difícil equilibrio entre la acogida digna que promete a los que huyen de sus países porque su vida corre peligro y la expulsión sin miramientos a quienes lo hacen por razones económicas. Su filosofía sigue al pie de la letra una famosa frase pronunciada hace años por el socialista Michel Rocard: «Francia no puede acoger toda la miseria del mundo».

El texto que será debatido en abril en la Asamblea Nacional puede revelar las primeras grietas en la política ni de izquierdas ni de derechas del presidente. La ley gusta en las filas de la derecha moderada, irrita a parte de antiguos socialistas que ahora militan en La República en Marcha y no va lo suficientemente lejos para el Frente Nacional. Un 43% de los franceses juzga prioritario la lucha contra la inmigración irregular.

Pero sobre todo, el texto del Ejecutivo tropieza con el rechazo frontal de las asociaciones humanitarias y numerosos intelectuales de izquierdas. Los temores derivan especialmente de una circular del Ministerio del Interior que obligará a los agentes que trabajan con inmigrantes a realizar un registro administrativo para diferenciar a los refugiados de quienes han llegado por razones económicas.

La visita de Macron a Calais se produce en vísperas de una cumbre franco-británica que tendrá lugar mañana al sur de Londres. En el contexto de las negociaciones del brexit, uno de los temas que abordará con la premier británica Theresa May será el control del flujo migratorio una vez que el Reino Unido abandone el club comunitario.

Macron no aludió ayer al controvertido acuerdo de Touquet firmado por Nicolas Sarkozy en el 2003 que permite a la policía británica detener a los migrantes en los puertos franceses.

Sí espera de las autoridades británicas respuestas «concretas» sobre los menores no acompañados atrapados en Calais a la espera de que el Gobierno de Londres permita su paso al otro lado del Canal de la Mancha para reunirse con sus familiares.

En el contexto europeo, Macron reclamó una política «coherente» que no percibe en el reglamento de Dublín que obliga a los inmigrantes a iniciar los trámites para su regularización en el primer país europeo que pisan. Y pidió una oficina europea de asilo y un sistema de control para compartir datos en todo el espacio Schengen.