Nicolás Maduro le pidió al chavismo y las Fuerzas Armadas mayor apoyo para lanzar una “contraofensiva” política que tiene su primer banco de pruebas en las panaderías. Maduro ha lanzado una'guerra del pan' y amenazó con tomar los comercios si no cumplen con la venta de ese producto esencial que por estas horas requiere de largas colas. “La van a pagar, se los juro. Los responsables de la 'guerra del pan' la van a pagar y después no vayan a decir que es una persecución política”, dijo. El Gobierno ha puesto en la calle un batallón de inspectores para garantizar un consumo indispensable. El presidente hizo ese llamado como anticipada respuesta a la decisión de la Asamblea Nacional (AN) de declarar la emergencia alimentaria de Venezuela.
De acuerdo con el Parlamento, la situación ha llegado a límites alarmantes debido a la escasez de productos y materia prima, sumada a una inflación superior al 700%. El Gobierno y el Congreso parecen vivir en mundos paralelos e irreconocibles entre sí. De hecho, el Tribunal Supremo de Justicia considera que la legislatura se encuentra en desacato y sus leyes no son válidas. En el recinto de la Asamblea Nacional, y con la ausencia del chavismo, los legisladores de la oposición le exigieron al presidente que sustituya al ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, quien el 26 de abril del año pasado fue objeto de un voto de censura por parte del parlamento.
El Superintendente de Precios Justos, William Contreras, asegura que el pan diario de los venezolanos es objeto de un boicot planificado por parte de industriales y comerciantes. El diputado Carlos Paparoni de Primero Justicia, uno de los partidos que integran la Mesa de Unidad Democrática (MUD), ofreció en la AN una versión radicalmente contrastante de los hechos: “Hambre es venir a amenazar a las panaderías y empresas cuando el problema radica no en la distribución sino en la producción de materia prima”. Según Paparoni, de las 23 millones de hectáreas disponibles para sembrado, solo se utilizan seis millones, “de las cuales solo 1,3 millones son usadas para siembra de alimentos de consumo humano”.
COMER BASURA
Carlos Valero, otro diputado de la MUD acusó al Gobierno de mentir en la “guerra contra el pan”. La realidad, añadió, es que falta la harina de trigo. Mariela Magallanes, de Causa R, aseguró que “el 82% de los hogares están en pobreza”. El presidente de la AN, Julio Borges, responsabilizó directamente a Maduro de la escasez. “Son las decisiones que ha tomado con este sistema económico que han llevado a la destrucción de la producción, son las decisiones de Maduro las que llevan todos los días a que tres millones de venezolanos salgan a comer basura en las calle, son las decisiones de Maduro las que han llevado a que 30 niños mueran por desnutrición”, dijo. De acuerdo con la oposición más de 1.000 venezolanos han solicitado refugio en Brasil en 2017. Y otro tanto lo han hecho en Colombia.
La nueva fricción entre el Gobierno y la MUD se conoce en momento de enorme incertidumbre sobre la suerte del diálogo político y cuando la misma coalición opositora atraviesa una crisis interna. Durante 2016, y después de un contundente triunfo electoral en los comicios legislativos de diciembre de 2015, apostó hasta ahora sin resultados al referendo revocatorio de Maduro o, en su defecto, un llamado a elecciones presidenciales.
Ese reclamo fue reactivado desde Washington por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien se inclinó otra vez por la suspensión de Venezuela del organismo si el Gobierno no garantiza el derecho al voto. Almagro pidió “elecciones generales completas a la mayor brevedad” y con observadores internacionales para que sean “libres, justas y transparentes”. Su petición forma parte de un segundo informe crítico sobre ese país. En el primero, conocido en mayo pasado, Almagro ya había recomendado aplicarle a Venezuela la Carta Democrática de la OEA, una sanción que incluye la posibilidad de que los Estados miembros suspendan a aquel que no cumpla los requisitos institucionales que garantizan el orden democrático.
