Los centros de registro de inmigrantes creados en Italia y Grecia a raíz de las llegadas masivas de hace dos años -conocidos como 'hotspots'- pueden haber contribuido a mejorar el registro, la identificación y los controles de seguridad pero una auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas de la UE avisa de que persiste una larga lista de “problemas cruciales”: masificación y congestión debido a una capacidad de acogida insuficiente, falta de compromiso de los Estados miembros en la reubicación, y muy especialmente, falta de instalaciones apropiadas para acoger a los menores no acompañados que en muchos casos permanecen retenidos bajo condiciones inapropiadas y entre adultos.

“Pese a la considerable ayuda de la UE, a finales de 2016 las instalaciones de acogida existentes en ambos países todavía no eran apropiadas para recibir (Italia) o alojar (Grecia) adecuadamente el número de inmigrantes que llegaban” y “todavía faltaban instalaciones apropiadas para alojar a los menores no acompañados y efectuar sus trámites de conformidad con las normas internacionales”, afean los auditores en un informe presentado este martes. Según el mismo, hasta septiembre del año pasado había en Grecia 2.500 menores no acompañados y más de 20.000 en Italia por lo que urgen a Bruselas a designar un agente de protección de menores por cada centro de acogida.

REUBICACIÓN Y REPATRIACIÓN

En el caso de Grecia, los auditores constatan, por ejemplo, que desde marzo de 2016 -a raíz del pacto entre la UE y Turquía- los inmigrantes recién llegados a las islas del Egeo no están autorizados a salir hacia el continente sino que tienen que presentar su solicitud en las islas del Egeo. El hecho de que el proceso de reubicación y de repatriación sea tan lento hace además que los centros, con capacidad en junio de 2016 para 7.450 personas, estén “masificados”, porque “llegan más inmigrantes de los que se marchan”. Según estiman, en noviembre del año pasado la población inmigrante ascendía a 16.250 personas.

La situación, alertan, es especialmente crítica en las islas de Lesbos,Quíos y Samos porque “las tres afrontan problemas para albergar y acomodar puntos críticos en su territorio desde el punto de vista de las infraestructuras, los servicios de apoyo o bien de la oposición de los residentes locales y los operadores turísticos”. Por ejemplo, los auditores se encontraron durante su visita a Leros y a Quíos que los menores no acompañados no estaban separados de adultos. También critican la exposición ante protestas violentas y agresiones que sufre el personal de las agencias allí desplazado y el hecho de que las autoridades griegas no establecieran desde el principio planes de seguridad y salidas de emergencia en los campamentos

En el caso de Italia, mientras tanto, los inspectores achacan el problema de la congestión a la falta de voluntad y compromiso del resto de Estados miembros con la acogida que, además, habrían enviado “muchos menos expertos” de los necesarios.

FALTA DE CONTROL FINANCIERO

El análisis también lamenta que aunque tanto Grecia como Italia han recibido un buen pellizco de dinero procedente de las arcas comunitarias en el momento de la auditoría seguía sin haber disponible ningún informe sobre la utilización de los fondos en los llamados 'hotspots'. Concretamente, según cifras de la Comisión Europea, desde principios de 2015 las autoridades helenas han recibido más de 350 millones de euros en financiación de emergencia y más de 190 millones en ayuda humanitaria. En el caso de Italia, la aportación de Bruselas al capítulo de ayuda de emergencia alcanzaba a finales de 2016 los 63 millones pero “en el momento de la fiscalización todavía no había disponible ningún informe”, advierten.