«Confío en que mi padre será absuelto en un juicio sin presiones políticas», dijo Keiko Fujimori después de que la Sala Penal Nacional resolviera que el derecho de gracia que el autócrata Alberto Fujimori recibió del presidente Pedro Pablo Kuczynski no lo blinda frente a las investigaciones de la matanza de seis campesinos perpetrada en 1992. La ingeniería que permitió sacar de la cárcel a Fujimori a cambio de evitarle a Kuczynski la destitución parlamentaria por presunta corrupción ha quedado en el aire.

Su hija y excandidata presidencial de Fuerza Popular advirtió el cambio de escenario desde que, a fines de diciembre, el Chino salió de la prisión donde cumplía desde el 2009 una sentencia de 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. «Este pronunciamiento judicial no debe ser una excusa para volver a encarcelar a un hombre de avanzada edad y delicado de salud. Alberto Fujimori merece afrontar este proceso en libertad», pidió.

La Sala Penal Nacional hizo trizas el derecho de gracia otorgado por Kuczynski al hombre que gobernó Perú durante toda la década de los 90. En sus fundamentos, los magistrados Miluska Cano, Otto Verapinto y Omar Pimentel tomaron en cuenta las reclamaciones de los familiares de las víctimas y consideraron que la potestad presidencial carece de efectos jurídicos en el llamado caso Pativilca.

Hace 26 años, un empresario chino que se disputaba un terreno con familias de bajos recursos los acusó de pertenecer al grupo armado Sendero Luminoso. Un comando del Ejército, el llamado Grupo Colina, secuestró entonces a seis personas, de entre 17 y 35 años, a las que torturó con quemaduras de soplete en diversas partes de sus cuerpos, incluido el ano. Luego, fueron asesinadas con disparos de bala en la cabeza y lanzaron sus cuerpos en un cañaveral.

La matanza perpetrada el 29 de enero de 1992 tuvo un fuerte impacto en Perú. Uno de los integrantes de esa fuerza paramilitar, Jorge Ortiz Mantas, confesó haber participado en la masacre ante un tribunal. Señaló también que el Grupo Colina dependía del exgeneral Nicolás Hermoza Ríos, quien a su vez respondía a las órdenes de Fujimori.

Dada la gravedad de lo ocurrido, el tribunal subrayó que la medida tomada por Kuczynski es incompatible con los deberes de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de los derechos humanos y colisiona «claramente» con los preceptos constitucionales. El abogado de Fujimori anunció que impugnará la resolución del tribunal.