En la Unión Europea (UE) se multiplican los signos de descomposición política más allá del brexit y alcanzan a la Comisión Europea. Incluso la estabilidad en Alemania con la reedición de la gran coalición tiene como contrapunto el convertir a la ultraderechista Alianza para Alemania (AfD) en el líder de oposición en el Bundestag con las ventajas asociadas: medios, fondos y protagonismo para expandir su influencia. La ultraderecha ya forma parte de los gobiernos de Austria, Bulgaria y Eslovaquia y condiciona el de Dinamarca, mientras que Hungría y Polonia están en plena deriva autoritaria.

Esta semana la Comisión Europea ha sufrido tres reveses políticos que evidencian cómo el nepotismo, el autoritarismo tecnocrático y la laxitud ética se han integrado en una institución que debería encarnar los valores de la UE. El nombramiento relámpago como secretario general al frente de sus 33.000 funcionarios del alemán Martin Selmayr, jefe de gabinete del presidente de la institución, Jean-Claude Juncker, ha desatado la protesta del Parlamento Europeo, porque se han retorcido las normas para efectuar un nombramiento a dedo que socava la credibilidad de la UE, «un arreglo entre amigos, propio del Partido Comunista Chino», destacó François Grossetête, del grupo popular, el mismo al que pertenece Juncker. El nombramiento será examinado por la Eurocámara y la Defensora del Pueblo de la UE, Emily O’Reilly, pero «este espectáculo de una Comisión Europea que vive en su burbuja» alimenta a los partidos ultras y eurófobos, lamentaba Le Monde en un editorial.

El Tribunal de Justicia de la UE ha confirmado el derecho de las organizaciones civiles a pedir la revisión de las autorizaciones de productos modificados genéticamente por los riesgos para la salud, a lo que se oponía la Comisión Europea, que no admite que se cuestionen sus decisiones. El tercer revés ha sido la exigencia de la Defensora del Pueblo de que vuelva a revisar la autorización para que su anterior presidente, José Manuel Durao Barroso, pudiera trabajar como lobista para el banco Goldman Sachs. El fichaje de Barroso ha sido una de las más notorias infracciones éticas del artículo 245 del Tratado de Funcionamiento de la UE, pero no la única (Neelie Kroes).

Ola de protestas

El asesinato en pocos meses de dos periodistas que investigaban la corrupción de sus respectivos gobiernos (Daphne Caruana Galizia en Malta y Jan Kuciak en Eslovaquia) evidencia la gravedad de un problema que la Comisión Europea prefiere obviar hasta el punto que anuló en el 2017 el informe previsto sobre la corrupción en la UE. El asesinato de Kuciak ha provocado las dimisiones del primer ministro eslovaco, el socialdemócrata Robert Fico, y del ministro de Interior, ha desencadenado una ola de protestas y está sacando a la luz el carácter oligárquico del país, un rasgo que comparte con otros estados del Este. En la vecina República Checa, el primer ministro, el millonario populista Andrej Babis, está investigado por corrupción y sigue gobernando pese a haber perdido una moción de censura el 16 de enero en el Parlamento, mientras los gobiernos de Bulgaria (conservadores) y Rumanía (socialistas) diluyen la efectividad de las leyes anticorrupción.

La corrupción también afecta a Europa Occidental. Los lazos de la clase política italiana con el crimen organizado se consolidaron desde que en 1948 la mafia ayudó a la Democracia Cristiana a ganar las elecciones para impedir la temida victoria del Partido Comunista. Y la UE prefiere cerrar los ojos ante la miríada de casos de corrupción que afectan a los dirigentes del partido gobernante en España (PP).

Las amenazas a los periodistas no se limitan a Malta y Eslovaquia. En Italia, hay 19 periodistas con escolta policial de 24 horas y unos 200 reciben protección. La intimidación a los periodistas y el control de los medios por los gobiernos o por magnates afines al poder es habitual en Europa Oriental.

El dimitido Fico se había distinguido por calificar a los periodistas de «indecentes prostitutas antieslovacas» y «hienas estúpidas». En España son los ciudadanos quienes sufren directamente la intimidación de las autoridades con la ley mordaza (200.000 personas sancionadas desde el 2015), hasta el punto que Amnistía Internacional ha iniciado una campaña para denunciar la persecución de la libertad de expresión en España, algo que tampoco parece preocupar a la Comisión Europea.

En medio del profundo malestar ciudadano que reflejan las sucesivas elecciones (el 54% de los italianos votaron este mes a favor de partidos anti-establishment y euroescépticos), los jubilados han comenzado a movilizarse con fuerza en España y Francia. Los recortes de los sistemas públicos de pensiones que impulsa la Comisión Europea y el descontento de este colectivo clave multiplicará la agitación política en la UE.