El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará este martes la orden ejecutiva destinada a facilitar a las empresas estadounidenses la producción de crudo, gas y carbón en el país, según aseguraron diversos funcionarios.

La producción de energía doméstica, en la que se incluyen energías fabricadas a partir de combustibles fósiles y energía nuclear, fue limitada por la Administración de Barack Obama.

REVERTIR EL PLAN DE OBAMA

Inmediatamente después de llegar a la Casa Blanca, el Gobierno de Trump ya manifestó su voluntad de revertir el programa iniciado por Obama acerca del cambio climático y durante sus primeros días al frente de la administración estadounidense, la página web de la Casa Blanca publicó una declaración de intenciones del nuevo presidente.

El Gabinete de Trump recordó desde sus inicios su compromiso de eliminar las "políticas perjudiciales e innecesarias como el plan de acción climático de Obama" y poco después eliminó todas las referencias al cambio climático que aparecían en la web presidencial.

Scott Pruitt, director de la Agencia de Protección Medioambiental nombrado por Trump el pasado mes de diciembre, aseguró que esta semana se daría la vuelta a las "políticas antienergía fósil" de Obama. Pruitt es conocido por haber dudado en varias ocasiones de laevidencia científica de que la acción humana haya podido causar el cambio climático.

CAMBIO CLIMÁTICO

La orden ejecutiva que Trump firmará este martes persigue dos objetivos principales. Por un lado, busca impedir cualquier acción dirigida a eliminar o recortar la producción y el consumo de energía doméstica, excepto en caso de que dichas acciones legales respondan al interés público.

Por otro lado, la orden revocará las normas adoptadas por la Administración de Obama que obligan a las instituciones gubernamentales a vigilar los efectos del cambio climático en el desarrollo de sus actividades.

El Gobierno de Trump tiene previsto revocar el Plan de Energía Limpia (Clean Power Plan) promovido por Obama, que busca reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 32% para el año 2030 pero que aun no ha sido aprobado por el Tribunal Supremo del país.