Cuando se impuso el estado de emergencia, justo hace dos años, la situación en Turquía era extrema. Los atentados terroristas en el país se sucedían uno tras otro y el 15 de julio del 2016, un golpe de Estado intentó derrocar y asesinar a Recep Tayyip Erdogan. El golpe falló, y el Gobierno, cinco días después, aplicó la medida excepcional.

Se otorgaron poderes especiales al presidente, se alargó el periodo de detención preventiva, los arrestos se volvieron masivos y se echaron de sus puestos a 99 alcaldes escogidos en elecciones. Ayer, justo dos años después, Turquía cerraba ese episodio con el levantamiento oficial del estado de emergencia. Pero no lo cerró porque será sustituido por una nueva ley antiterrorista que servirá, en definitiva, para que pocas cosas cambien.

Mientras ha durado el estado de emergencia, la policía ha detenido a 60.000 personas acusadas de pertenecer al grupo al que el Gobierno acusa de estar detrás del golpe: la cofradía del clérigo islamista Fethullah Gülen. Un total de 160.000 funcionarios han perdido su trabajo por tener vínculos con él. Este teórico del Islam, exiliado en EEUU, creó un Estado paralelo con la ayuda del ahora presidente y por aquel entonces primer ministro turco. Infiltró a sus seguidores en la policía, el Ejército, la justicia, la universidad, la administración, la escuela, los medios de comunicación, la justicia y en todos los lugares donde fuera posible, deseable o imaginable hacerlo.

Pero en el 2012, Erdogan y Gülen rompieron: desde entonces, el Gobierno turco le ha estado persiguiendo porque es el enemigo número uno del país y porque, acorde con la versión oficial turca, es la cabeza pensante del golpe de hace dos años. También hay otros enemigos: durante el estado de emergencia, Turquía ha detenido a miles de presuntos miembros del Estado Islámico, que utilizaban el país para entrar y salir de Irak y Siria.

Con la nueva ley antiterrorista se les podrá quitar el pasaporte tanto a los funcionarios destituidos como a sus familiares, se ampliará la lista de motivos para prohibir manifestaciones y protestas, se alargará el tiempo de detención preventiva a 12 días -en España es de 72 horas-, y los servicios de inteligencia quedarán fuera de cualquier escrutinio público. «Nosotros llamamos a esto estado de emergencia permanente», dice Bülent Tezcan, vicepresidente del principal partido opositor, el CHP.

El estado de emergencia también le sirvió a Erdogan para conseguir poderes que su posición de presidente de la República no preveía. El poder ejecutivo se concentraba en el primer ministro, pero Erdogan, a través de un ajustado referéndum en el 2017, cambió la Constitución, y creó una superpresidencia otorgada de un poder ejecutivo que rige por encima del judicial.

El mes pasado, a través de unas elecciones que la OSCE consideró injustas pero libres, la consiguió: el estado de emergencia ya no hacía falta. Turquía, hoy, tras el fin del estado de excepción, entra en otra etapa; no muy diferente.