De momento solo es un escenario de trabajo, pero si algo tiene claro la Comisión Europea es que en el futuro presupuesto de la Unión Europea (UE) para el periodo 2020-2027 habrá que meter la tijera en dos de las partidas clave para España: la política agrícola común y la política de cohesión. El agujero anual de unos 14.000 millones que dejará en las arcas comunitarias el brexit, sumado a las nuevas prioridades de lucha contra el terrorismo, blindaje de las fronteras y defensa, obligan a los gobiernos europeos a repensar cómo quieren gastar el dinero europeo y a redefinir sus objetivos.

El debate ya está en marcha y es, según Bruselas, urgente. «La última vez perdimos un año. Nos gustaría que esta vez las decisiones se tomen a tiempo», ha reclamado esta semana el presidente Jean-Claude Juncker, consciente de las dificultades que habrá para aunar posturas entre quienes no quieren pagar más y quienes no quieren recibir menos. El objetivo de la Comisión es cerrar un pacto antes de las elecciones europeas de mayo del 2019, aunque fuentes diplomáticas lo consideran poco realista.

De momento, no hay propuestas legislativas -la intención es publicarlas el 2 de mayo- pero sí muchas ideas flotando. Y se pondrán por primera vez sobre la mesa en la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE a 27 convocada por el presidente Donald Tusk para este viernes en torno a tres elementos de debate: el tamaño del futuro presupuesto, las prioridades y el procedimiento.

MENOS PARA REGIONES / En el menú planteado por la Comisión, sugerencias que generarán mucha polémica: un aumento de fondos para las nuevas prioridades pero a costa de tajos importantes en las dos políticas que concentran actualmente el 70% de los recursos. En el caso de la política regional, que recibe ahora 370.000 millones de euros (35% del presupuesto), hay tres escenarios, uno de statu quo y dos con recortes.

Si el tijeretazo se limita al 15% (95.000 millones menos) solo algunas regiones españolas podrán seguir recibiendo ayudas regionales: Extremadura, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha.

Si el recorte llegara al 33% (124.000 millones menos) todas las regiones españolas quedarían automáticamente excluidas del acceso a los fondos estructurales y las ayudas a la cohesión. Es decir, que de un plumazo se esfumarían los casi 38.000 millones de euros asignados durante este periodo a España. En este escenario solo seguirían recibiendo apoyo financiero los países del Este, los del Báltico, Chipre, Grecia y Portugal.

TRES ESCENARIOS / La perspectiva para la política agrícola común (37% del presupuesto europeo o 400.000 millones), de la que España sigue siendo junto a Francia y Alemania una de las grandes beneficiadas, no es halagüeña. Bruselas insiste en que debe reducirse y plantea tres escenarios: el statu quo, un recorte del 15% (60.000 millones menos) y otro del 30% (unos 120.000 millones). «Hay que aplicar recortes en la política agrícola común y en la política de cohesión si queremos cumplir con todas las nuevas prioridades que nos hemos fijado», defendía esta semana el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Prioridades que han cambiado el panorama presupuestario de forma radical. Según el diagnóstico de Bruselas, la UE necesita más dinero para reforzar programas como el Erasmus+ y la I+D pero, sobre todo, para luchar contra el terrorismo, mejorar la defensa europea, blindar fronteras y controlar la presión migratoria.

«Un sistema de gestión de fronteras completo implicaría una plantilla de 100.000 funcionarios y un equipamiento comparable al de Estados Unidos o Canadá, lo que requeriría 150.000 millones en siete años», subraya la Comisión. Este montante equivaldría al 14% del actual marco financiero.

El plan plantea multiplicar casi por tres el dinero destinado a la defensa europea -de 3.500 a 10.000 millones-; por seis el programa Erasmus+, para que uno de cada tres jóvenes puedan vivir esa experiencia -de 14.700 millones a 90.000-, y doblar el dinero para innovación e investigación -de 80.000 millones a 160.000-, lo que permitiría crear 650.000 empleos para el 2040. A la espera del debate, lo único claro es que España se convertirá a partir del 2021 en contribuyente neto al presupuesto de la UE. Es decir, que aportará más de lo que recibirá.