Uno de los problemas a los que enfrentan las autoridades europeas a la hora de detectar las idas y venidas de potenciales terroristas es la imposibilidad de realizar controles sistématicos a todos los ciudadanos europeos cuando entran y salen de la Unión Europea. Con la reforma del código de fronteras del espacio Schengen, que han acordado este lunes los negociadores del Consejo y la Eurocámara, este obstáculo dejará de serlo. La medida forma parte del paquete de iniciativas introducidas como consecuencia de los ataques terroristas de París de hace poco más de un año.

“Significa que por primera vez todos aquellos que entren y salgan de la UE serán chequeados en la base de datos del sistema de información Schengen”, lo que “ayudará a detectar a todos los individuos buscados que tienen una alerta, incluidos los combatientes extranjeros”, ha valorado el comisario de seguridad, Julian King, satisfecho, lo mismo que su colega de interior, Dimitrios Avramopoulos, de un acuerdo político que se ha logrado apenas un año después de que la Comisión Europea presentara la propuesta.

Las reglas actuales solo permiten realizar controles de documentación sistemáticos -comprobando el nombre de la persona que quiere entrar en la UE en distintas bases de datos- si se trata de ciudadanos de terceros países. En el futuro los Veintiocho también tendrán que verificar los pasaportes o documentos de los ciudadanos europeos ante las distintas bases de datos existentes -desde la de documentos robados de Interpol hasta las bases de datos europeas existentes- con el objetivo de mejorar la seguridad e impedir “el desplazamiento de terroristas, armas o sustancias de destrucción masiva”, ha explicado Mónica Macovei, ponente de la Eurocámara.

La propuesta de Bruselas incluía la posibilidad de realizar controles en las fronteras marítimas y terrestres solo sobre determinadas personas. A petición de la Eurocámara, y durante un período transitorio, las autoridades nacionales también podrán relajar los controles en los aeropuertos mientras adaptan sus infraestructuras. En principio, durante un plazo de seis meses que podría prorrogarse durante año y medio en circunstancias especiales. En este caso, no obstante, los gobiernos tendrán que demostrar que la distensión de los controles no supondrá riesgos para la seguridad interna, las relaciones internacionales o la salud pública. Tras el acuerdo político, Eurocámara y Consejo tienen ahora vía libre para culminar la aprobación de esta nueva medida legislativa.