Fue en 1940. José Casaus, agricultor de Nules, le compró a un vecino una parcela junto a la playa y una caseta que databa de principios de siglo. Por aquel entonces José no pensaba en el turismo, ni sabía qué era eso de la especulación urbanística. Su único interés era tener un lugar donde resguardarse cuando iba a cultivar su arrozal. El acuerdo se formalizó en un documento privado, el mismo que hoy en día solo acredita una herencia emocional, porque la familia no tiene ningún direcho sobre esa propiedad, según el Ministerio de Medio Ambiente y la Ley de Costas, porque sí que pagan la contribución y otras tasas.

Vicente Casaus, hijo de José, es muy consciente de su situación. La suya es una de esas viviendas de primera fila de la playa de Nules que no tienen ni concesión ni escritura y por lo tanto, están a expensas de que alguien, desde un despacho, decida derribar la construcción por encontrarse en dominio público marítimo terrestre, junto a 239 más.

«Mi padre pensó muchas veces en inscribirla en el registro, pero le aconsejaron que no le valía la pena el gasto, que la casa era suya», asegura. Aunque visto lo visto, ni eso era garantía de mucho.

Con la ley en la mano, saben que no pueden llamarse propietarios, independientemente de que desde el año 1940 lo sean, en virtud del documento de compra que Vicente Casaus presentó el martes ante la delegación territorial para pedir, junto a medio centenar de vecinos más y el Ayuntamiento de Nules la declaración de Bien de Interés Público, única posibilidad de no perder su herencia.

Hasta que haya noticias, Vicente y su familia disfrutan cada verano, como si fuera el último, una pequeña caseta que a partir de los 70 vio como el mar y la ley se les venían encima.