El 16 de junio comenzó el servicio de vigilancia y salvamento en la playa de Nules, adjudicado este año, por primera vez en el municipio, a una empresa privada. El día 18, como confirmó el alcalde, David García, la Policía Local se personó en el puesto de socorro para realizar una inspección en la que detectaron que «el 85% de las obligaciones contractuales que debían ofrecer, no estaban». Levantaron un acta, la primera de tres consecutivas que han llevado al Ayuntamiento a iniciar un expediente sancionador.

Aunque este no será el único. Ayer, el alcalde anunciaba a través de las redes sociales que las adjudicatarias del mantenimiento del alumbrado público y la recogida de residuos y limpieza viaria también serán sancionadas por incumplimientos reiterativos de sus respectivos contratos.

HASTA TRES INFORMES // Todos estos expedientes que, según García, «acabarán en sanciones importantes», suponen la puesta en práctica de la intención municipal de «defender los intereses de Nules y de sus ciudadanos frente a las actuaciones de cualquier mercantil, Administración o persona, por más grande que sea».

El más llamativo es el que hace referencia a la vigilancia de las playas. El propio alcalde reconoció que cuando fue conocedor de a qué empresa se le había adjudicado el servicio, «alertado por algunas personas, busqué información sobre sus antecedentes, que son múltiples y graves», aunque la ley de contratos «no nos permitía excluirla, pese a ello», dijo.

García confirmó que no tardaron en comprobar que la fama que les precedía se trasladaba a la realidad en el litoral del municipio. En el primer día de inspección de la Policía Local «no tenían embarcación ni chalecos. Hablando claro, no podían ni curar una picadura de medusa».

La gravedad de los hechos llevó a la alcaldía a ordenar inspecciones permanentes. Hasta el viernes, la Policía Local realizó tres, en todos los casos con incidencias, «aunque en la última ya se cubría el 90% de lo firmado». Aún así, mantendrán las revisiones, que también está realizando el técnico responsable del seguimiento de la adjudicación.

El alcalde aseguró que cada una de las actas levantadas de manera oficial acabarán con la imposición de una denuncia. Y la subsanación posterior de las faltas detectadas no les eximirá del pago de la misma. Además, advirtió que «la acumulación de sanciones y faltas graves, tal y como se contempla en la ley, puede motivar la suspensión del contrato», que tal y como contempla la licitación, se realiza por dos años.