La voz de alarma entre los jueces y el personal del Palau de Justícia de Vila-real saltó días atrás, cuando el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, José Manuel Marco, afirmó haber “sugerido, una vez más, la posibilidad de desplazar algunos municipios que dependen de Nules a Vila-real, que cuenta con más medios”, con el objetivo de acabar con “la desproporción tan notoria” entre ambos juzgados.

Una “tan notoria” falta de equidad que niegan radicalmente desde la judicatura vila-realense, a la vez que auguran un colapso de estos juzgados en el caso de que se consumase la asignación de municipios al partido judicial.

A este respecto, fuentes consultadas por Mediterráneo aseguran que, en la actualidad, la media de casos penales que tratan anualmente los juzgados de Vila-real supera la cifra de los 2.000, mientras que los de carácter civil rondan ya el millar, “lo que supone triplicar, en este último caso, los límites que nos especifica el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”, aseguran.

De esta forma, consideran que “lo que tendrían que hacer el Gobierno central y la Generalitat, si es que de verdad quieren acabar con la saturación de casos en Nules, es poner en marcha el nuevo juzgado que se aprobó crear en el 2010 para ese partido judicial”.

Además, explican que, en el supuesto de derivar casos a Vila-real, “lo único que se conseguiría es trasladar el problema de un sitio a otro y no dar una respuesta definitiva al exceso de casos que se asumen en la actualidad”.

Respecto a los medios a que se refería el presidente de la Audiencia, desde el Palau de Justícia vila-realense aseveran que “son los mismos de que disponíamos en el antiguo edificio --ubicado junto al Mercado Central--, y lo único que tenemos es una sede nueva que está muy bien, pero el personal continúa siendo el que era ya con anterioridad”.

Aun así, consideran que otra posibilidad es crear un juzgado de enjuiciamiento penal y otro social que abarque los partidos de Vila-real, Nules y Segorbe. H