El Ayuntamiento de Vila-real, a través de la Concejalía de Territorio, ultima el procedimiento para caducar uno de los programas de actuación integrada que se concibió para edificar en él viviendas de protección pública.

El motivo no es otro que la crisis, que ha afectado de manera especial a los sectores de la construcción y la promoción inmobiliaria. “Uno de los problemas principales es que los inversores de estos PAI, en gran parte, han desaparecido, por lo que desde el Ayuntamiento se decide caducarlos, siempre cumpliendo todos los requisitos legales y dando audiencia a las partes afectadas, aunque, muchas veces, no acude ningún representante”, explica el edil del área, Emilio Obiol.

A este respecto, el concejal indica que “se ha dado instrucciones a los técnicos para que vayan cerrando programas urbanísticos que hace años que están paralizados y ya no tienen ningún tipo de recorrido a causa de la crisis”.

El inicio de los trámites para concluir el proceso de desistimiento del PAI de la prolongación de la calle Blasco Ibáñez se produjo de forma oficial en junio del 2013, con la aceptación del pleno, por unanimidad, de la petición de la mercantil Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas -vinculada al Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa)- de renunciar al proyecto, que afectaba a un área del citado vial próxima a la zona de tribuna del estadio del Madrigal, con una superficie de 31.000 m2 y en la que se preveía la construcción de 212 inmuebles de protección oficial, con una inversión que alcanzaba los 1,8 millones de euros.

Como explicó en aquel momento el edil Obiol, el plan se remontaba al año 2005, cuando la firma presentó una propuesta que, en cierto modo, pretendía romper con la sequía de pisos subvencionados que imperaba en Vila-real como consecuencia del boom urbanístico y la construcción en exclusiva de viviendas libres.

PARALIZACIÓN // El máximo responsable vila-realense en materia urbanística explica que el proyecto, al que se presentaron una docena de alegaciones durante su exposición pública, se paralizó en febrero del 2008 “y nunca más se supo”. En este sentido, Obiol insistió en que el PP “debería explicar por qué ha habido tanta opacidad en este asunto y por qué la Generalitat no ha impulsado este desarrollo urbanístico”.

Asimismo, el edil recuerda que el desarrollo del sector incluía la reserva para el Ayuntamiento de un espacio de uso dotacional, “en el que podría haberse construido el nuevo colegio para esta zona, lo que hubiera ahorrado mucho dinero al consistorio”, al optar el anterior ejecutivo local del PP por la ubicación actual del centro escolar José Soriano. De hecho, la justicia ha condenado al municipio a pagar 1,2 millones por la ocupación de los terrenos. H