La justicia ha avalado la decisión que el equipo de gobierno liderado por el socialista José Benlloch tomó en septiembre del 2012, a través de la cual el consistorio desistió del contrato suscrito en marzo del 2011 para la construcción de la Ciutat Municipal de l’Esport ideada y tramitada por el anterior ejecutivo del PP.

Así lo recoge la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón, al desestimar el recurso interpuesto por la adjudicataria de la obra, Actia Iniciativas SL, que reclamaba una indemnización de 346.719 euros, a sumar a los 128.044 que sí que abonó el Ayuntamiento, por el 6% del importe de los trabajos que restaban por concluir, en concepto de beneficio industrial.

En concreto, el magistrado rubrica los motivos que desde el consistorio presidido por Benlloch se adujeron en su momento para justificar la anulación de la construcción de aquel primer proyecto de ciudad deportiva.

Así lo señaló ayer el munícipe vila-realense, quien asegura que el fallo judicial --que la firma puede recurrir ante el TSJCV-- corrobora que el suelo sobre el que se iniciaron las obras al final de la última legislatura de gobierno popular “era ilegal, ya que no se podía ejecutar el proyecto si no se modificaba el Plan General de Ordenación Urbana”, a la vez que recordó que “no eran terrenos municipales, hubo un auto judicial de suspensión de la adjudicación, se proyectó junto a los terrenos que tenían que acoger el nuevo cementerio y sobre el espacio cruza una línea de alta tensión, lo que podía suponer peligro para los usuarios”.

VALORACIÓN // Benlloch mostró su satisfacción por la resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Castellón que, afirmó, demuestra que desde el primer momento hicieron “bien las cosas y con un único objetivo, que no es otro que defender los intereses de Vila-real, evitando generar un problema mayor para el futuro de la ciudad”.

Es por ello que el munícipe lamentó “la actitud del PP en este asunto, que estuvo más de un año acusando a este equipo de gobierno de actuar por capricho y de despilfarrar dinero público, poniéndose al lado de la empresa en lugar de estar al lado de los intereses del municipio”.

Y añadió: “Incluso llegaron a decir que estábamos tirando a la basura 800.000 euros, apoyando los argumentos de la firma adjudicataria que llevó al Ayuntamiento ante los tribunales. Pues bien, hoy la justicia nos da la razón, hicimos bien las cosas, con responsabilidad y atendiendo al interés general, paramos las obras y renunciamos a construir una ciudad deportiva que hubiera sido un empastre más del PP, optando por buscar y trabajar un proyecto y una ubicación mejores para los ciudadanos”.

El recinto planteado por el último de los ejecutivos locales del PP, encabezado por el entonces alcalde Juan José Rubert, se ubicaba en el camino Miralcamp, muy próximo a la autopista AP-7 y se adjudicó por un importe de 3,3 millones de euros. H