El todavía fiscal superior de la región de Murcia, Manuel López Bernal, cuya destitución anunció el miércoles el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, denunció ayer intimidaciones a los fiscales anticorrupción. «Lo que no puede ser es que los perseguidos seamos los fiscales que luchan contra la corrupción por delante de los corruptos», censuró.

López Bernal, en declaraciones a la cadena SER, aseguró que, pese a haberse denunciado estas actitudes y puesto en conocimiento de las instancias oportunas, no se investigan. «La situación es grave. Esto tiene que cambiar», dijo el fiscal, quien avisó de que si estas cosas siguen pasando y las investigaciones no prosperan «en pocos años nos podemos encontrar con que nadie quiera luchar contra la corrupción».

Aunque insistió en que las intimidaciones a los fiscales anticorrupción no son exclusivas de Murcia y que hay «cierta desprotección» en general, López Bernal concretó que, en su caso, se le han presentado querellas, rechazadas de plano por el Tribunal Supremo, por cortar unos pinos hace 32 años con el único fin de desprestigiarle. También recordó que recientemente un fiscal y un inspector de Hacienda que trabajaban en la lucha contra la corrupción sufrieron robos en sus domicilios, y destacó que en el caso del fiscal no se llevaron nada de valor, solo el ordenador, dejando así «su tarjeta de visita». «No se nos ha hecho la vida especialmente agradable», subrayó.

No obstante, López Bernal no quiso vincular directamente su relevo con la investigación al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez -«hay muchos otros investigados», dijo- y se mostró convencido de que el nuevo fiscal seguirá investigando eficazmente la corrupción. Admitió que Maza no le ha dado explicaciones sobre su cese «ni tampoco está previsto en los estatutos que tenga que darlas». Pero en todo caso, defendió: «Estábamos en una buena situación. La Fiscalía de Murcia ha sido la que más asuntos de corrupción ha sacado en España».

PROTECCIÓN de derechos / El ministro de Justicia, Rafael Catalá, respondió ayer a López Bernal afirmando que si sufrió intimidaciones en el ejercicio de su trabajo debería haberlo puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que velara por la protección de sus derechos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se limitó a enmarcar el relevo en el ámbito de las competencias de la Fiscalía.