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• -   Jueves 29 de Julio de 2010

El Periódico Mediterráneo. Edición Digital

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Hace mucho tiempo, había un país llamado España donde existía una dictadura que con menor o mayor rigor controlaba la existencia. El régimen se preocupaba de que no se publicara ni difundiera nada que pudiera ofenderlo, para ello estableció una censura rígida, en fin lo mismo que en todas las dictaduras.

Hoy somos una democracia, un estado de derecho con división de poderes y en pleno goce de todas nuestras libertades... ¿de todas? Bueno, cada vez hay más restricciones y limitaciones a nuestro quehacer diario, pero sea por una mejor convivencia. Hasta que se pasa el límite y eso es lo que ha ocurrido con el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC).

El artículo 20 de la Constitución establece la libertad de expresión y de información como derechos fundamentales y sólo se puede regular con una ley orgánica (art. 81 CE), ninguna norma de rango inferior puede limitarlas. Esto afecta a la nueva Ley Audiovisual de Cataluña que crea el CAC y le atribuye una capacidad sancionadora en base a sus propios juicios que es inadmisible porque asume funciones propias de los tribunales de justicia. Lo mejor de la democracia es que puedes decir lo que quieras y si alguien se considera agredido puede ir a la justicia para conseguir reparaciones. Lo más inquietante de todo es que parece que esta barbaridad se quiere extender a toda España a través de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Las protestas se elevan desde el Comité Mundial de Libertad de Prensa, al Parlamento Europeo y cientos de miles de ciudadanos y si todo esto no hace entrar en razón a políticos represores, ojalá que el Tribunal Constitucional lo haga.

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