03/03/2010 R. OLIVARES
El PP incorporará la liberalización de la autopista de peaje AP-7 a las iniciativas que presentará en las diferentes administraciones provinciales. Entre ellas ya está confirmado que el Ayuntamiento de Castellón, donde, tal y como indicó ayer el vicealcalde de la capital de la Plana, Javier Moliner, presentará una moción en el próximo pleno, “para solicitar al Gobierno” la gratuidad de la vía “en el tramo comprendido entre Castellón y Orpesa” mientras no se desarrollen las obras de desdoblamiento de la nacional 340.
También ayer el PP de la Comunitat registró la proposición de ley para exigir la gratuidad de la vía, mientras el partido estudia realizar una acción parecida en la Diputación, ya que, como indicó el vicepresidente de la corporación provincial, Francisco Martínez, el organismo apoya la propuesta del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, debido a la “situación de crisis”.
Respecto a la iniciativa municipal, Moliner recordó que Castellón “lleva 10 meses esperando la respuesta del Ministerio de Fomento” sobre la propuesta del Ayuntamiento y la Generalitat para el trazado alternativo al desdoblamiento de la N-340 a su paso por el término de Castellón. Según Moliner, la liberalización de la AP-7 “garantizaría la salvaguarda del paraje de la Magdalena, permite reducir el impacto ambiental y, además, supondría un entronque directo con la futura autovía norte al puerto”.
proposición presentada // La iniciativa, que surgió en Les Corts a propuesta del grupo Compromís y que aceptó reivindicar el presidente Camps, dio ayer un nuevo paso, con el registro, por parte del portavoz del grupo parlamentario popular, Rafael Blasco, de la proposición de ley. Blasco manifestó que el debate de quién pagará el rescate de la concesión de la AP-7 no es lo importante. “Resulta irónico que nos planteemos quién va a resolver económicamente el tema cuando estamos ante la comunidad más castigada por ningún Gobierno de la democracia”, manifestó.
La proposición de ley demanda la liberalización del peaje de la AP-7 en el tramo Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante a partir del 1 de enero del 2012. Además, incluye que el Gobierno indemnizará al concesionario de los perjuicios que le ocasione el rescate y restablecerá el equilibrio económico del contrato de concesión que no se extinga. El documento señala también que el Ejecutivo central incluirá en los Presupuestos Generales del Estado los créditos presupuestarios para el pago de las indemnizaciones. H
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