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Martes 9 Febrero 2010

La nueva ley de extranjería, que entrará en vigor el lunes, día 22 de diciembre, facilitará la expulsión de los inmigrantes.

El articulado prevé la expulsión en un máximo de tres días de los inmigrantes procesados o inculpados por delitos o faltas para los que se prevean penas de reclusión inferiores a seis años. También fija la posibilidad de deportar a extranjeros que estén en situación irregular por no haber obtenido o tener caducada más de tres meses la prórroga de estancia o la autorización de residencia. Tendrán 48 horas para poder presentar alegaciones, pero si no son aceptadas, se iniciará el expediente de expulsión.

REUNIÓN EN MADRID El delegado del Gobierno para la Inmigración, Gonzalo Robles, se reunió ayer con los delegados y subdelegados de Gobierno para coordinar la correcta aplicación de la reforma, según una nota del Ministerio del Interior. Robles recordó que los pilares de esta ley son la defensa de la inmigración legal y la lucha contra la inmigración ilegal y las mafias.

Sin embargo, la responsable de Política Social de CCOO, Neus Carrasco, consideró ayer "demagógica" esta posición al considerar que, bien al contrario, la nueva ley fomentará aún más la inmigración irregular. Así, indicó que no ofrece ninguna solución a los más de 600.000 inmigrantes que no tienen regularizada su situación en España, de los que 30.000 están en la provincia de Castellón. La Federación de Asociaciones de Sos Racismo considera: "Está claro que no los va a expulsar a todos".

Carrasco, al igual que el presidente de la Asociación de Trabajadores Marroquíes Alamal, Abdalá Ajriri, entiende que debe ofrecerse una "regularización específica para las personas que están aquí y ya cuentan con una oferta de trabajo". CCOO recuerda que el 90% de estos inmigrantes sin permiso trabajan en la economía sumergida.

La reforma de la ley introduce un visado de búsqueda de empleo, como una vía para entrar en España y de acceder a la legalización a través de una oferta de trabajo. Pero, CCOO considera que el visado debería durar seis meses en lugar de los tres previstos por ley. Además, apunta que deberían ser los servicios públicos de empleo los que hicieran la intermediación laboral, pues, tal como está redactada la nueva ley, "las mafias harán el agosto a través de la venta de contratos para que estos inmigrantes puedan quedarse". La ley mantiene el contingente, es decir, la contratación en origen, como una forma de venir a trabajar legalmente a España.

La presidenta de la Asociación de Inmigrantes de Países del Este, Angela Placsintar, se muestra preocupada por considerar que si la inscripción se hace en el país de origen se corre el riesgo de que se cobre a los inmigrantes para meterse en la lista.

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Comentarios (1)

1. faik - 10/01/2008 - 23:27:09 h.
   no hay justicia en españa inmgrantes pagan todas las culpas de las mafias y de los jefes que les dan trabajo sin contratos y sin buen sueldo y al final el pobre enmgrante s le da expulcion fuera donde estan los derechos humanos donde esta la justicia Marcar como inadecuado
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