Nunca un acto administrativo en principio tan anodino como la compra de unas urnas había estado tan cargado de connotaciones políticas. La Generalitat de Cataluña ha anunciado esta semana la puesta en marcha del procedimiento administrativo para adquirir 8.000 urnas. Oficialmente, se trata de utilizarlas en cualquier proceso participativo, pero desde el mismo Ejecutivo se considera este trámite el primer paso firme para la convocatoria del referéndum. Dentro de la retahíla de momentos transcedentes de los que el procés está lleno, este, aunque modesto, es uno más.
En la espiral de réplica y contrarréplica en la que se encuentran enzarzados durante las últimas horas el Gobierno central y el de la Generalitat, la compra de las urnas está destinada a un escrutinio por parte del Estado y, probablemente, a una nueva acción legal que profundice en la vía de la judicialización del procés. Se cargan de razones así quienes sostienen que el auténtico objetivo es impulsar un referéndum unilateral sin pactar con el Estado.
En nada ayudan decisiones de este tipo a superar el actual bloqueo político entre las instituciones catalanas y el resto de instituciones del Estado. La sobreactuación, la parálisis política y el juego del gato y el ratón no es lo que los ciudadanos de Cataluña necesitan en un momento político como el actual. Cabe exigir a nuestros representantes, a todos, que trabajen en la única vía posible: la de crear espacios de auténtico diálogo y negociación, y que no sigan instalados en la hueca simbología sobreactuada y en el inmovilismo disfrazado de prudencia. Eso no conduce a nada.
