El Consell se ha empeñado desde hace meses en poner cerco a los apartamentos ilegales que cada año se alquilan en la Comunitat sin declarar al fisco y que resultan una brutal competencia para los hoteleros y el sector inmobiliario reglado.

El responsable de Turismo, a la sazón el benicense Francesc Colomer, trazó su hoja de ruta en este sentido y los datos son el mejor aliado para demostrar que el departamento que dirige, en colaboración con otras instancias, está trabajando de forma adecuada. Por lo que respecta a Castellón, desde 2.014 han aflorado cerca de 9.000 pisos ilegales y solo en el primer cuatrimestre de este año se contabilizaron 1.426. Pero de todos es conocido que alquilar en dinero negro continúa siendo una práctica habitual, más en el caso de los municipios del litoral.

Por eso Colomer pretende implantar nuevas fórmulas. La última de ellas convenios con los ayuntamientos más turísticos al objeto de que las policías locales colaboren en las inspecciones. Método que se implantó a modo de experiencia en Gandia con notables resultados, pero que en la provincia de Castellón está topando con la oposición de casi todos los alcaldes, quienes argumentan que no disponen de unas plantillas de Policía Local suficientes como para dedicar en exclusiva a varios agentes en función de inspectores por las fincas de apartamentos.

Lo lógico sería que el Gobierno central aportase un mayor número de funcionarios, pues el cupo de efectivos actual está infradimensionado y, cuanto menos, es imprescindible duplicar las plantillas. Al igual que la nómina de la Policía Autonómica, de todo punto insuficiente parar llevar a cabo las tareas que tiene encomendadas.

A los alcaldes se les puede pedir colaboración y caminar juntos para destapar el fraude, pero no cargarles el mochuelo de aportar el personal a tal efecto.