Querido lector:

El juez que instruye el caso Nóos en el que está imputado el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, en su auto de más de 500 páginas ha sido tan rotundo con la responsabilidad de la Generalitat que presidió Francisco Camps, que de sus conclusiones se desprenden dos claras advertencias con consecuencias muy directas para la actual Administración valenciana de Alberto Fabra.

Por una parte, que el llamado caso Nóos no se para con la parte del proceso privado contra Urdangarin y el resto de imputados. Y por otra, que muestra una peculiar extrañeza y se pregunta porque el Gobierno valenciano no ha solicitado parte de la fianza civil como perjudicada en este mediático caso judicial.

En relación a la primera, en el auto del juez Castro se explica meridianamente que los valencianos no teníamos ninguna necesidad de los eventos propuestos por los imputados, que les dimos el dinero disfrazado de contratos públicos cuando no lo eran y que existió una connivencia evidente por parte de los responsables políticos de la Generalitat. Es más, el juez indica que son merecedores del más intenso reproche ético y jurídico porque incumplieron con su deber de velar por la gestión correcta de los fondos públicos que les confiamos los ciudadanos. Y por tanto, deja entrever que después de este apartado del caso referido a la esfera privada --a Urdangarin, Torres y sus mercantiles-- donde se silencia cualquier pronunciamiento sobre las restantes personas, hay indicios y reserva sobre lo que pueda deparar el futuro procesal del caso. Es decir, puede ser extensible a la esfera pública de las dos administraciones implicadas, en nuestro caso, la administración valenciana.

Y en relación a la segunda consecuencia. El juez muestra su perplejidad por el hecho de que la Generalitat no solicite adherirse a la reclamación de la parte de la fianza que le correspondería como parte perjudicada. Y libra oficio al presidente de la Generalitat para ofrecerle la posibilidad de reclamarla. Una cuestión que la opinión pública no entiende que no haya hecho o que no entenderá que no haga, salvo que primen en este sentido más los intereses en clave de política interna que los de todos los valencianos.