En la Comunitat Valenciana hemos vivido muchos años en los que parecía que los perros se ataban con longanizas. Todo sarao era posible, si un proyecto público era megalómano, pronto aparecía otro que lo era aún mas. Todo era financiable a base de disparar la deuda y racanear presupuestos a educación y sanidad, que han sido las grandes paganas de la gran fiesta valenciana. Todo esto, unido a que la economía especulativa y recreativa, alentada por el PP, desplazó a la productiva, nos ha traído la ruina y una crisis mucho mayor que a otras comunidades: estamos entre los campeones del paro, de la deuda, de la pérdida de renta, de la destrucción de empresas, de la morosidad y de la pérdida del sector financiero.
Para salir de esta hace tiempo que el presupuesto de la Generalitat se tendría que haber apretado el gürtel (o sea, el cinturón) en lo mucho prescindible, para así garantizar los servicios públicos de calidad y dedicar recursos a políticas de generación de empleo. Sin embargo no ha sido así.
Veamos un ejemplo: 2,5 millones de euros al día, o si lo prefieren mas de 430 millones de pesetas diarios, es lo que nos cuesta a los valencianos las empresas públicas de la Generalitat según el presupuesto aprobado para el 2012. Casi lo mismo que en el 2011, porque a estas subvenciones apenas han llegado los recortes, o para ser exacto, han llegado a unas, mientras que otras se han ampliado generosamente.
En este entramado de empresas hay de dos tipos: las que prestan servicios básicos a la ciudadanía (servicio valenciano de empleo y formación, instituto de la vivienda, ferrocarriles de la Generalitat, instituto de la juventud, etc.) y las que gestionan caprichos políticos --Sociedad de proyectos temáticos (SPTCV), Circuito del motor (CM), Ciudad de las artes y las ciencias (CACSA), etc.--. Las personas que trabajan para estas empresas pueden clasificarse en dos grupos: unas 4.000 que accedieron tras superar pruebas objetivas con publicidad y en las que se valoró su mérito y capacidad, y mas de 8.000 que accedieron sin esos requisitos, como año tras año señalan los informes de auditoría, y que por tanto pueden llamarse, sin ninguna duda, enchufadas.
Se pueden imaginar cuales son las empresas mas afectadas por los recortes en las subvenciones: las que prestan servicios públicos básicos. Y se pueden imaginar a qué empresas públicas se les ha incrementado generosamente la subvención: a las que sostienen caprichos políticos que además son las que mayormente tienen enchufados.
Así, a SPTCV, CM y CACSA, las tres que desarrollan los grandes eventos, el president Alberto Fabra les ha aumentado la subvención en 40 millones de euros, alcanzando en 2012 la astronómica cifra de 218 millones de euros, o sea, cien millones de pesetas diarios de subvención, de los que por cierto a Castellón solo le toca alguna migaja. ¿verdad que visto así impresiona? Impresiona, tanto por lo que nos cuesta al año como por el espectacular incremento del que disfrutan en 2012 (23% en términos relativos y 40 millones de euros en términos absolutos). E impresiona que esto suceda mientras sufren dramáticos recortes educación, sanidad, el bolsillo de los trabajadores públicos, y mientras los gobiernos del PP incrementan múltiples impuestos, e incluso crean nuevos, tanto desde la Generalitat como desde Madrid.
Esta barbaridad del Gobierno valenciano no tiene justificación pero sí que tiene explicación: hay que proteger a los enchufados porque son agentes electorales activos, sangre de la sangre del PP, y porque hay que evitar que a se pongan a “cantar” los que saben demasiado.
Pero el canto de las gaviotas será inexorable porque la concienciación pública, el clamor de la calle, exigen que los 16 años de excesos del PP no lo sigan pagando la sanidad ni la educación ni los servicios públicos. Y la calle no calla ni callará aunque se intente demonizar a médicos, profesores y estudiantes porque los valencianos saben que se juegan el futuro y ya no quieren callar mas. H
