Ya es definitivo que la campaña electoral del 21-D va a estar muy marcada por la presencia del president de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, en Bruselas. El número uno de la lista del PDECat Junts per Cataluña compareció ayer, junto a los otros cuatro exconsellers, ante el juez belga que estudia la demanda de entrega solicitada por España. El juez escuchó los argumentos de la fiscalía belga a favor de la aplicación de la euroorden y convocó el 4 de diciembre a Puigdemont y a los exconsellers para que presenten sus alegaciones. Entre el tiempo que requerirá que el juez tome la decisión y los consiguientes recursos, es previsible que el desenlace se alargue hasta después del 21 de diciembre. Así pues, el líder de una de las listas no estará presente en Cataluña durante la campaña electoral.
Tanto Junts per Catalunya como ERC han ultimado sus listas electorales, y en ellas aparecen los presos y los autoexiliados, así como destacadas figuras de la sociedad civil. Este hecho no oculta la división con la que el independentismo afronta el 21-D, ni el hecho de que, pasada la fase de la autocrítica (alguna sincera, otra más impostada), el mensaje que emerge con fuerza es el de dibujar al Estado español como un ente opresor y autoritario. Es en este sentido ya electoralista que cabe entender las declaraciones de Marta Rovira --bendecida desde prisión por Oriol Junqueras como la próxima presidenta de la Generalitat catalana-- en las que afirmó que el Gobierno que preside Mariano Rajoy amenazó al Govern con «muertos en las calles». No ofreció prueba alguna de ello Rovira, y vistos los antecedentes es lícito preguntarse si la afirmación tiene la misma verosimilitud que cuando desde su propio partido se defendía la independencia inmediata y low cost. Esta campaña debería dirimir las responsabilidades de aquellos que han llevado a Cataluña a la peor crisis política en 40 años.
