Tras más de dos años de investigaciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció el lunes la imposición de una sanción de más de 98 millones de euros a 39 empresas y tres patronales de gestión de residuos y saneamiento urbano acusadas de haber tejido un entramado para repartirse los clientes y las licitaciones públicas de los ayuntamientos. Las compañías actuaban como si se tratara de un auténtico cártel: se distribuían clientes, fijaban pautas de actuación para evitar la entrada de nuevos competidores, acordaban precios y se repartían los concursos a través de presentación de ofertas conjuntas o de la no concurrencia de una parte. El perjuicio económico causado podría ser mayor que la sanción impuesta, que será recurrida por las empresas ante los tribunales.
El descubrimiento de esta operación de monopolio de mercado mancha la imagen de las grandes compañías de la construcción y servicios implicadas y pone de relieve la falta de controles de la gestión pública. Para mayor escarnio, la propia CNMC admite que esta práctica “es obvia” en muchos sectores de la economía española, pero que es difícil de demostrar. Si es así, no cabe resignación alguna, sino redoblar los esfuerzos de transparencia.
