La sentencia del caso Palau de la Música se conocerá hoy, ocho años y medio después del descubrimiento del desfalco (cifrado en 34,1 millones de euros de los que solo se han recuperado 5,9). Pero no solo la exagerada lentitud ha sido irregular en este asunto, sino otras muchas cuestiones desde que los Mossos d’Esquadra irrumpieran en el Palau el 23 de julio del 2009 y resgistraran sus dependencias. Los principales acusados, Fèlix Millet y Jordi Montull, nunca pisaron la cárcel por este sumario, que fue instruido por diversos jueces, con una notable parsimonia, sobre todo al principio, hasta el punto de que el primer instructor fue tildado de «juez caracol». La entidad cultural retiró las acusaciones contra CDC, mientras que los siete meses empleados para redactar la sentencia también han levantado sospechas en el sentido de si se estaba retrasando para no interferir en los acontecimientos políticos que se sucedían en Cataluña.

Sea como fuere, la sentencia ha llegado y tiene como principal objetivo no defraudar las expectativas. Una vez Millet, Montull y la hija de este, Gemma, confesaron en el juicio, la principal incógnita es si la sentencia avala las acusaciones de la policía y de la fiscalía de financiación irregular de CDC por parte de la empresa Ferrovial a través del Palau y de la Fundación Trias Fargas, ligada al partido. El inspector de la UDEF que declaró en la vista dijo que estaba «completamente» seguro de ello y el fiscal aseguró en su informe final que «el Palau de la Música era la cañería por la que transitaba el dinero que Ferrovial quería hacer llegar a CDC», a cambio de la concesión de obras públicas como la L-9 del metro o la Ciutat de la Justícia durante los mandatos de Jordi Pujol.