La recuperación económica comienza a presionar al alza el mercado inmobiliario. Esta presión alcista está comportando la proliferación de una práctica que, a pesar de ser legal, esconde serios peligros. Importantes fondos de inversión están adquiriendo edificios enteros con los inquilinos dentro. En principio se trata de comprar a buen precio aprovechándose de la prisa de algunos propietarios por vender antes de que acaben los contratos o mueran los ocupantes. El inversor compra a bajo precio con la esperanza de mejorar la rentabilidad que ese mismo dinero le daría durante el mismo periodo si lo coloca en renta fija o en la bolsa. De entrada no hay nada malo en ello pero estamos ante una bomba de relojería que puede estallar en algún momento. ¿Tendrán paciencia estos nuevos propietarios o acabarán por presionar a los inquilinos para expulsarlos? ¿Qué pasará si la burbuja vuelve a estallar y quieren recuperar deprisa y corriendo las altas inversiones que están haciendo? La presión recurrente del mercado sobre los precios de la vivienda, especialmente en las grandes ciudades, reclama a medio plazo que los estados y la mismísima Unión Europea actúen para concretar la protección del derecho a la vivienda.
El camino en muchos países europeos es una fuerte intervención pública en el mercado, especialmente en lo que se refiere al alquiler, que sirve para enfriar las burbujas. Pero también es exigible algún tipo de regulación, de límite a la simple presión de la oferta y la demanda, especialmente cuando esta última se alimenta en realidad de manera artificial a través del turismo y ya no hablamos de viviendas sino de alojamientos. Es urgente actuar antes de que estalle esta burbuja.
