La operación de registro de la Guardia Civil en las sedes de la fundación CatDem, vinculada a Convergència, en la central del partido, el domicilio del tesorero y cuatro municipios catalanes gobernados por CiU ha levantado el lógico revuelo político en puertas de la campaña electoral del 27-S. Se trata de unas diligencias ordenadas por el juzgado de El Vendrell derivadas del caso Torredembabarra, de presunta financiación ilegal de CDC (el famoso 3%), a cargo de la constructora Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, estrechamente vinculada al partido y a su fundador, Jordi Pujol. Es un caso en manos de un juez, no una acusación basada en documentos redactados en oscuros despachos policiales.
Puede alegarse, como han hecho el coordinador general de CDC, Josep Rull, y otras voces, que la intervención está sospechosamente ligada a la campaña electoral, para perjudicar el proceso soberanista, pero vale también la réplica de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría de que “las operaciones anticorrupción no entienden de partidos ni fechas electorales”, como bien han experimentado el propio PP con el caso Púnica y el PSOE con el de los ERE. La mejor forma de que el procés no se viera afectado sería no tener causas pendientes por presunta corrupción.
