La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, la castellonense María José Salvador, presentó el miércoles pasado el Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), una de las acciones más esperadas de su departamento con arreglo a las prioridades que puso encima de la mesa cuando fue nombrada para el cargo.

El documento regula los usos y actividades y divide los suelos en diferentes tipos dentro de la franja de los 1.000 metros desde la orilla del mar. Los primeros 500 metros abarcan el denominado suelo no urbanizable de protección del litoral, mientras que desde los 500 hasta 1.000 se admitirán usos deportivos abiertos, campos de golf sin viviendas, dotaciones, cámpings y hoteles con encanto. Y estos suelos no podrán ser reclasificados a urbanos por los planteamientos territoriales.

En principio, la música suena bien porque nadie quiere el llamado urbanismo salvaje, del que tanto se habló en las épocas doradas del ladrillo, donde los PAI crecían como setas en buena parte de la Comunitat Valenciana, pero no es menos cierto que la consellera hubiera tenido que reunirse antes con los alcaldes afectados por el Pativel, incluso con los agentes sociales de cada municipio afectado, y conocer de cerca la realidad.

Es verdad que ahora el plan pasará un periodo de consulta pública por dos meses, pero María José Salvador se hubiera evitado las críticas de alcaldes, concejales y empresarios que observan como el desarrollo de sus municipios puede verse seriamente afectado.

Proteger las 11 zonas más vírgenes del litoral de la provincia, como decíamos, es una idea plausible, pero siempre con el consenso máximo y con las miras puestas en el atractivo turístico para castellonenses y visitantes.

Cuando todos los partidos con representación en Les Corts, en la Diputación Provincial y los alcaldes de la zona al unísono, sean de un signo político o de otro, claman por las molestias que están ocasionando las obras para modificar el firme de la autovía A-7 a su paso por la Vall d’Uixó, el Gobierno central, de quien depende esta infraestructura, no puede seguir echando balones fuera como si nada.

Resulta intolerable que el Ministerio de Fomento no haya contestado a la carta que la consellera de Obras Públicas les remitió el 14 de octubre. Todo se ha quedado en las explicaciones con pocos argumentos convincentes del delegado del Gobierno en la Comunitat. O sea, ninguneo con una provincia que, de no cambiar las cosas, estará condenada a padecer medio año los atascos en la vía más utilizada, que ha llegado a soportar el paso de hasta 53.000 vehículos en una sola jornada.

Ayer, para más colmo, el Ministerio reconoció que hace ahora siete años adjudicó el proyecto para construir un tercer carril en cada sentido de la A-7 desde Nules hasta Sagunto, y se gastó en el mismo 741.310 euros, es decir, más de 100 millones de las antiguas pesetas. Cantidad que se puede dar por enterrada en la basura porque nada más se supo desde el mes de mayo de 2009.

Los alcaldes de la Plana Baixa crearon ayer un frente común para pedir a Fomento que solucione el «caos» de la A-7 porque está jugando con la seguridad de las personas y la actividad económica de la provincia. No les falta razón. Liberar la autopista AP-7, aunque sea solo para camiones, sería un acto de buena voluntad. El ministro De la Serna tiene la palabra. ¿Tendrá sensibilidad?