El debate de los Presupuestos Generales del Estado ha vuelto a poner sobre la mesa una nueva reforma del sistema de pensiones.

Por razones demográficas, en los próximos años el gasto en pensiones aumentará ya que se jubilarán los trabajadores del baby boom, ahora en la cincuentena. Y lo harán con pensiones de mayor cuantía, ya que cotizaron en los años de sueldos más altos. Eso y el agotamiento progresivo de la hucha de las pensiones hacen ineludible abordar el problema. Desde que el PP llegó al Gobierno en el 2011 la hucha ha perdido unos 25.000 millones de euros, aproximadamente un tercio del total, y no solo por la crisis, sino también por políticas equivocadas o discutibles.

Una de las soluciones que propone el Gobierno es que las pensiones de orfandad y viudedad (unos 20.000 millones anuales) se paguen con cargo a los impuestos. Es una idea a considerar, aunque su aplicación se enfrenta a las intenciones del PP de rebajar los impuestos y no resuelve verdaderamente el déficit del sistema, que se debe sobre todo a la caída de ingresos por el aumento del paro y por la precariedad de los nuevos empleos. La caída de los salarios -uno de los principales objetivos de la reforma laboral de Rajoy- determina unas cotizaciones cada vez más bajas, que generan el déficit actual pese a la proclamada recuperación económica. Otra causa son las tarifas planas y las bonificaciones para fomentar el empleo, que disminuyen los ingresos de la Seguridad Social. De ahí que la oposición y los sindicatos demanden que las políticas activas de empleo se financien de otra manera.

El año próximo toca revisar el Pacto de Toledo, y será el momento adecuado para enfrentarse a la reforma. Propuestas hay muchas, aunque todas tienen inconvenientes y a menudo son contradictorias. La patronal se opone al aumento de las cotizaciones porque perjudicaría la creación de empleo. Es cierto. Por eso los sindicatos, con buen criterio, proponen una reforma fiscal integral que implique aumentar la recaudación -España ingresa el 19% del PIB, frente al 26% de la media europea- para asegurar la política redistributiva y las prestaciones de un Estado del bienestar ya muy deteriorado. La mejoría económica debería servir asimismo para acabar con ese ridículo aumento anual del 0,25%. Y lo que es imprescindible es que cualquier modificación se haga por consenso.