Esta expresión tan horrorosa a la que todos nos hemos acabado por acostumbrar quiere decir que el banco acepta la entrega del inmueble para cancelar la hipoteca que había concedido para su compra. Esta práctica, habitual cuando el cliente es un constructor o promotor está vedada a los particulares. Las familias avalan con sus rentas y patrimonio la compra, no solo con el valor de la vivienda. Por eso, cuando son incapaces de hacer frente a las cuotas mensuales el banco no se conforma con la devolución del piso si su valor en ese momento no supera la deuda.

Esa actitud de la banca provoca los desahucios que colocan a miles de familias en la exclusión social, como dijo ayer el ministro de Economía. El anuncio de Luis de Guindos de que va a poner en marcha un código de buena práctica para que la banca acepte la dación en pago a las familias con todos sus miembros en paro y está cargado de buenas intenciones, pero poco más. El Ministerio permitirá que las entidades se deduzcan fiscalmente las pérdidas ocasionadas por estas operaciones, lo que puede ser un estímulo. Pero debería impedir la distancia sideral que separa las tasaciones de viviendas en el momento de la compra y en el de la quiebra de las familias. No reflejan la evolución del mercado.