Querido lector/a, hay realidades que cuando aparecen me provocan indignación y vergüenza. Posiblemente estoy hablando de circunstancias o hechos que son difíciles de explicar desde la buena voluntad y el sentido común. En esta ocasión, me refiero a la suspensión cautelar que contra la aplicación del Decret de plurilingüisme que afecta a la enseñanza del valencià ha impuesto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, y que impide que la mencionada norma se pueda aplicar durante el actual curso académico 2017-18.
La verdad es que no tengo interés de saber quiénes son los que al presentar las demandas han provocado la situación. Al final siempre son los mismos, instituciones vinculadas a la derecha valenciana. Ni tampoco me interesa saber por qué el alto tribunal, después de tener constancia de que la mencionada ley educativa ha sido elaborada desde el consenso con la comunidad educativa y, a pesar de reconocer que no lesiona ningún derecho fundamental, prohíbe cautelarmente su aplicación. Razones que, por desgracia, imagino, porque ya ha pasado alguna vez y porque no caben otras, deben ser de índole ideológica. No obstante, lo que me interesa y me preocupa es saber por qué la derecha valenciana, tanto social como política, está desde siempre en contra del valencià, contra la que es la seña de identidad más significativa de nuestra cultura propia. Tanto es así que, en el franquismo lo redujeron a sinónimo de ignorancia, después no respaldaron la Llei d’Us i Ensenyament del Valencià y siempre han puesto palos en las ruedas de su necesaria recuperación y desarrollo. Ahora, con las demandas y las medidas cautelares, no solo se usa la lengua como arma política, sino que se lesionan derechos y se debilita el uso social del valencià. En definitiva, se sigue utilizando el valencià como arma política que levanta muros y no tiende puentes entre los ciudadanos.
*Experto en extranjería
