Querido lector:
La situación de Rafael Blasco se está haciendo insostenible políticamente para el grupo parlamentario popular en Les Corts Valencianes. El otrora poderoso político valenciano ha sido conseller con todos los gobiernos de la Generalitat, desde Joan Lerma (PSPV), a Eduardo Zaplana y Francisco Camps (PP) y portavoz parlamentario del grupo popular en la actual legislatura, hasta que Alberto Fabra le retirara del cargo. Dos décadas en las que ha acumulado influencia, estatus, poder y mucha, mucha información de la clase política, empresarial y social valenciana. Demasiada para cargárselo de un plumazo.
No obstante, el caso Cooperación por el que está imputado ha destapado unas formas políticas que supuestamente rayan lo más reprobable ética y moralmente en un cargo público. Lo que da pie a tener en cuenta la línea política que dice que todos los imputados no son iguales, ni mucho menos, a pesar de que los tipos delictivos que se manejen puedan ser similares.
La línea roja sobre la corrupción instaurada por el actual president de la Generalitat, por tanto, con Blasco ha sido sobrepasada con holgura. Y será cuestión de días el hecho de que sea expulsado del grupo parlamentario popular, a tenor de los indicios de los últimos días, entre ellos la petición del PSPV, personado en su caso como acusación particular, de 15 años de cárcel y otros 42 de inhabilitación además de indemnizaciones de dos millones de euros por su presunta implicación en el desvío de fondos públicos destinados a ayudas a la Cooperación con el Tercer Mundo, por el cual está imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos por su presunta participación en la trama.
El problema, por tanto, es político. El temor a una desestabilización del grupo que sustenta al ejecutivo valenciano, donde hay una decena de imputados más, ha sido el freno.... hasta ahora. Quizá Fabra ni espere a la visita de Rajoy. Y si lo hace será por ella... pero no más.
