La causa abierta en el Tribunal Supremo (TS) contra el procés tiene una evidente influencia en la situación política catalana. Hasta ahora, en sus declaraciones ante el juez Pablo Llarena los imputados habían quitado hierro a lo sucedido en las semanas previas y posteriores al 1-O. Dentro de su legítima estrategia de defensa, Oriol Junqueras o Carme Forcadell, por ejemplo, sostuvieron que la DUI votada por el Parlament el 27 de octubre carecía de validez jurídica. Y, en cambio, ante el mismo juez Llarena ayer la exdiputada de la CUP Mireia Boya dijo lo contrario, que la DUI fue efectiva y que se vio truncada tan solo por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Boya abandonó el TS sin medidas cautelares.

La coherencia y la sinceridad siempre han sido marca de la casa de la CUP. A diferencia de los líderes del procés, Boya defendió ante el juez la legitimidad política del 1-O y que la declaración de independencia pretendía ser real. Así lo dijo la CUP entonces y así lo mantuvo en la campaña electoral del 21-D. Pero aun así la declaración de Boya pone en evidencia la estrategia de defensa de los imputados que han declarado hasta ahora, de los que están en prisión preventiva y de los que comparecerán después de ella (especialmente Marta Rovira y Artur Mas). Llega, además, en un momento en que el independentismo se parte entre el legitimismo irredentista de Carles Puigdemont y el nuevo pragmatismo de ERC. Ante Llarena, Boya marcó la línea entre las corrientes independentistas.