Querido/a lector/a, ya ha pasado el 2017 y aparecen los balances del año. Todo indica lo que ya se sabía y que ha sido denunciado por los sindicatos: la poca intensidad o escasa atención que han tenido las políticas económicas y sociales en la acción del Gobierno del PP, de Rajoy. Me refiero a las políticas de empleo, protección social, pensiones, fiscalidad, renta mínima, etc. Puede ser que, más de uno, por ignorancia o por interés, diga que estas apreciaciones no son ciertas. A toda esa gente hay que indicarles que mientras se ha recuperado la macroeconomía y los beneficios empresariales, los salarios de los trabajadores no se han actualizado y el empleo y la contratación son conceptos sinónimos de precariedad. Circunstancias éstas que tampoco ayudan a sanear las cuentas de la Seguridad Social. Además esa triste realidad indica que aún seguimos instalados en un modelo productivo que nos aleja de los países avanzados de la UE por su resistencia a impulsar inversiones en industrias y empleos de mayor valor añadido. Encima, el 2017 ha pasado sin que el diálogo social ni la Comisión del Pacto de Toledo haya avanzado sobre la situación de las pensiones. En última instancia, el 2017 debería haber sido el año de la puesta en marcha de una renta mínima pero, el Gobierno del PP, de Rajoy, lo ha vuelto a impedir.
Querido/a lector/a, a pesar de lo dicho, lo peor, lo que más me duele, es que durante el 2017 el empleo y la cualificación de las personas jóvenes, que son las que más han sufrido la crisis, no ha sido una prioridad. Hoy la mitad de los que tenían empleo lo han perdido y solo uno de cada diez recibe protección por desempleo. El resto, como puedes imaginar, tampoco lo tienen fácil porque viven en la precariedad y los contratos temporales. Por cierto, el asunto era y es de tanta trascendencia que decir que ha existido tensión entre la Generalitat del Cataluña y el Estado no es una excusa tolerable.
*Analista político
