El Partido Popular parece haber abierto la veda disparando contra todas las formaciones, sindicales y políticas, que disienten de sus políticas. Algunos dirigentes populares no se ciñen al ejercicio de responsabilidad reclamado ayer por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando apuntan al PSOE y a su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, como agitadores violentos por el hecho de apoyar protestas pacíficas y legales. En la misma línea, la alcadesa de Madrid, Ana Botella, y la presidenta de la Comunidad madrileña, Esperanza Aguirre, atizan una falsa polémica en torno a la protesta convocada por los sindicatos para el 15-M. La estrategia, llevada al paroxismo por la prensa derechista, obedece a un intento de desprestigio de la oposición y las centrales ante el evidente malestar ciudadano y las previsibles manifestaciones para cuestionar las políticas de Mariano Rajoy.
La maniobra de vincular a Rubalcaba con la violencia en la calle intenta deslegitimar el discurso de la oposición, al tiempo que restarle fuerza a la crítica de los ciudadanos. La aspiración de los gobernantes debería ser defender su proyecto, explicarlo e intentar calmar el malestar más que echar leña al fuego.
