Cuando se cumple un año del inicio de la desmovilización de los guerrilleros de las FARC colombianas, esta fuerza militar convertida ahora en fuerza política se dispone a participar por primera vez, el próximo marzo, en unas elecciones legislativas. Este camino ha estado sembrado de obstáculos y lo sigue estando. Cuando en noviembre del 2016 se firmó el acuerdo de paz, labrado en La Habana entre el Gobierno colombiano y dicha organización, que ponía fin a 52 años de guerrilla, nadie dijo que iba a ser fácil, pero la realidad está resultando mucho más difícil de lo prevista, empezando por el rechazo a dicho acuerdo manifestado por los colombianos en un referéndum, lo que obligó a modificar el pacto.
Las condiciones materiales puestas por el Gobierno para facilitar el tránsito de la vida guerrillera a la civil no han sido las adecuadas. El rechazo social a los exguerrilleros es grande, mientras las fuerzas paramilitares que los combatían, convertidas hoy en una gran fuerza criminal dedicada en buena parte al narcotráfico, los siguen persiguiendo -40 militantes de las FARC han sido asesinados desde la firma de la paz- y amenazando regularmente. Por ello es de capital importancia que el Gobierno de Bogotá respete lo establecido en el acuerdo y ponga coto a las tropelías perpetradas por los exparamilitares. También lo es que la Unión Europea se implique de verdad en los proyectos de reintegración de los excombatientes que impulsa con las Naciones Unidas y el Gobierno de Colombia.
