El drama de los rohinyás ha sacudido las conciencias por la bárbara persecución a la que ha sido sometida esta minoría de Birmania. Ahora, una misión especial de investigación de la ONU ha elaborado un informe en el que son los datos los que hablan por sí mismos. Y hablan de la existencia de elementos de «genocidio intencional». Naciones Unidas es siempre muy cauta cuando se trata de utilizar la palabra genocidio porque es la máxima acusación que la organización puede hacer contra un Gobierno. En este caso, lo ha hecho denunciando así los crímenes contra la humanidad cometidos por la cúpula militar birmana en su limpieza étnica de la región de Rakáin, de mayoría musulmana, obligando a abandonar el país a más de 725.000 personas pertenecientes a dicha minoría en el último año.
Las autoridades han presentado siempre su actuación en dicha región como la respuesta armada a acciones de una guerrilla, pero el informe deja bien claro que las necesidades militares nunca justifican los asesinatos indiscriminados, las violaciones en grupo, las agresiones a niños y la quema de pueblos enteros, que es lo que los investigadores de la ONU han podido constatar. La mayor acusación va dirigida a siete altos mandos militares, quienes, según el informe, deben ser juzgados por un tribunal internacional, pero la presidenta del país y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, sale mal parada por no utilizar ni su cargo ni su autoridad moral para detener las atrocidades.
