La vida política catalana ha llegado a un punto de ebullición en el que, adaptando la vieja cita, genera más titulares de los que puede consumir. Los acontecimientos se suceden a un ritmo vertiginoso, y a la convocatoria de un referéndum ilegal previsto para el 1 de octubre le sigue alguna novedad del (pen)último caso de corrupción, y la remodelación del Gobierno casi coincide con la acción del Tribunal de Cuentas a los impulsores del 9-N. El último capítulo, sin duda muy impactante mediáticamente, fue la presencia ayer de agentes de la Guardia Civil en el Parlament, la Conselleria de Justícia, el Palau de la Generalitat y el Centre de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

El operativo buscaba información sobre las presuntas adjudicaciones públicas irregulares del exconseller de Justícia Germà Gordó, actual diputado no adscrito del Parlament y exparlamentario de Junts pel Sí. Institucionalmente, el procedimiento estuvo supervisado por el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) y la fiscalía Anticorrupción. En el Parlament, la Generalitat y la conselleria, los agentes requirieron documentación, mientras que en el CTTI efectuaron diversos registros.

La actuación policial, pues, se produjo dentro del marco de investigación de la trama del 3%. No fue un ataque a la dignidad de Cataluña y a sus instituciones. En estos tiempos en los que tanto se usan conceptos como democracia y legalidad como arma arrojadiza para atizar al rival político en las trincheras del procés, cabe recordar que un eficaz trabajo de la justicia y la colaboración con jueces, fiscales y fuerzas de seguridad también forman parte del sistema democrático.