A pesar de la inestabilidad catalana, el Gobierno central ha remitido a Bruselas las grandes líneas del gasto público en España para el 2018, a la espera de que la coyuntura política permita tramitar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado. En la prórroga presupuestaria, la previsión es incrementar las pensiones el 0,25%, como establece la reforma del año 2013, que estipuló este mínimo y desvinculó la actualización de las pensiones del IPC.

Al contrario de lo que podría pasar en el caso de los salarios públicos cuando haya nuevos Presupuestos, la previsión del Ejecutivo es no aumentar el gasto en pensiones. Eso significa que en un momento en que la economía vuelve a arrancar y, como consecuencia, vuelven a subir los precios, los pensionistas españoles seguirán perdiendo año tras año poder adquisitivo.

Esta circunstancia es doblemente negativa. Por un lado, porque no ayuda a consolidar la propia recuperación económica, puesto que supone un freno al crecimiento de la demanda interna. Y por otro, es una injusticia para los pensionistas que han cotizado durante mucho tiempo de su vida laboral y ahora ven como sus pensiones no les permiten año tras año mantener un nivel de vida que se han ganado merecidamente con su trabajo.

La hibernación de las pensiones en España seguirá, pues, un año más. Y nada hace pensar que deje de ser así, porque la inaplazable reforma de las pensiones sigue encallada a pesar de que el sistema agoniza ejercicio tras ejercicio porque la combinación de la crisis económica y del boom demográfico lo hace inviable.