Cuando gobierna la izquierda siempre sube los impuestos. Un modelo que contrasta con el compromiso del Partido Popular de reducir la carga impositiva a familias y empresas cuando estamos creando empleo. Pablo Casado ha anunciado una revolución fiscal que supondría un ahorro tributario de 18.750 millones de euros con la eliminación de los impuestos más injustos de España: patrimonio y sucesiones y donaciones, que dejan a miles de familias en quiebra cuando heredan; la reducción del impuesto sobre la Renta y la bajada del impuesto de sociedades del 25 al 10%.

El objetivo del Partido Popular es continuar con las principales novedades fiscales que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado del 2018 con una reducción del IVA del cine del 21% al 10%. O la bajada del IRPF al aumentar hasta 14.000 euros el mínimo exento para el pago de la renta, de la que se beneficiarán este año 48.664 castellonenses.

Años atrás, la llegada del Partido Popular al Gobierno de España, con Mariano Rajoy, fue un revulsivo fiscal para la provincia de Castellón que entre el impuesto de sociedades y la bajada de impuestos a las familias, los castellonenses se ahorran 116 millones de euros. De estos, 76 millones de euros de ahorro corresponde a las familias y 40 millones de euros a la rebajada impuesto de Sociedades.

El programa económico de Pablo Casado está basado justo en la política contraria de Pedro Sánchez, quien hará de España un auténtico infierno fiscal que acabaremos pagando las clases medias y trabajadoras. El objetivo del presidente del Gobierno, del PSOE, es aumentar la recaudación fiscal. Se calcula que podría superar los 40.000 millones de euros anuales. Pedro Sánchez baraja subir las cotizaciones de los autónomos, adecuando la cotización en función de los ingresos obtenidos por estos profesionales; modificar las cotizaciones sociales, al alza, para las personas con un sueldo bruto superior a los 45.000 euros anuales; aumentar el impuesto de sociedades; aplicar un impuesto a la banca y a las transacciones financieras; aplicar la tasa Google, una figura que gravará la intermediación de servicios y la venta de datos digitales; que el impuesto de patrimonio se aplique obligatoriamente en todo el territorio nacional; armonizar, o lo que es lo mismo, subir el impuesto de sucesiones y donaciones; y aumentar los impuestos aplicados al diésel, una medida que afectaría directamente a 241.000 vehículos de la provincia de Castellón.

Estos impuestos servirán a Pedro Sánchez para pagar la factura de la moción de censura y para que pueda darse caprichos privados con recursos públicos, como su viaje a Castellón en avión presidencial para irse de juerga. Y todo porque, según los socialistas, el dinero público no es de nadie. Y con esto, en Castellón de la Plana, el gobierno de PSOE y Compromís, es el segundo ayuntamiento de España que más recauda por el impuesto de bienes inmuebles, solo superado por Madrid, donde gobiernan los populistas. Pero en el Partido Popular no nos resignamos a que los castellonenses paguen menos. Por ello, la valiente Begoña Carrasco ha pedido una reducción del IBI para no cargar más el bolsillo de los castellonenses.

*Presidente PPCS