El largo camino hacia la investidura de un president de la Generalitat de Cataluña ya agota sus últimos vericuetos. Junts per Catalunya (JxCat) y ERC ultiman las fechas de esta investidura que quieren que sea simbólica (para poner en evidencia lo que consideran la «represión» de las instituciones del Estado) y al mismo tiempo efectiva, para evitar la repetición electoral, un escenario que al menos públicamente nadie dice querer. El 3 de mayo es el primer día marcado en rojo en el calendario: es cuando el independentismo quiere validar la investidura a distancia a través de la reforma de la ley de presidencia. Antes, el Consell de Garanties Estatuàries debe emitir un dictamen (que no es de obligado cumplimiento) respecto este movimiento legislativo. Una reforma simbólica, ya que en caso de aprobarse a buen seguro no será publicada en el DOG (controlado por el Gobierno central) y, por tanto, no será válida. Además, se da por hecho que habrá recursos ante el Tribunal Constitucional.

Así que tras el simbolismo del Estado impidiendo la investidura de Puigdemont llegaría, en principio, la investidura real. Que la Mesa del Parlament haya aprobado la delegación de voto de Toni Comín es un paso que permite a JxCat y ERC no depender de la CUP para investir a un diputado que no sea Puigdemont. El próximo 22 de mayo es el límite. Todo indica que hasta entonces Cataluña seguirá sin un Govern efectivo, presa de este estéril juego de simbolismos, pulsos y choque institucional.