Querido lector:
Al nuevo presidente de la Generalitat le llueven consecuencias de la gestión de los gobiernos de Camps por todos lados. A los ya conocidos y aireados en todos los puntos cardinales casos Gürtel, Brugal, Emarsa, Nóos, FGV... amén de la torpe gestión de la delegada del Gobierno, también procedente de anteriores consells, Paula Sánchez de León, con el caso de las cargas policiales y manifestaciones en Valencia, se le suma ahora un nuevo caso que ha llevado a la detención de dos altos cargos de la Generalitat de la anterior Conselleria de Solidaritat y Cooperación que gestionó Rafael Blasco.
Si la herencia económica de Francisco Camps es la que es (déficit público, deuda y falta de tesorería) y ha provocado un plan de ajuste extraordinario que impide desarrollar políticas de recuperación de la crisis al actual presidente, Alberto Fabra, además de la contestación social amplificada y aprovechada por los partidos de la oposición, la herencia política del que ahora encima algunos de sus estrechos colaboradores quieren recuperar para la política valenciana es cuando menos envenenada y de nunca acabar.
Habrá que esperar a la actuación judicial para valorar realmente la situación, pero el hecho de que la policía proceda a 10 detenciones y a registros de dependencias públicas, no presagia nada bueno. De ahí, que el nuevo president haya respondido con celeridad. Ha cesado de forma inmediata a los implicados y presentará a la Generalitat como acusación. Una celeridad que quizá debería repensarse y aplicar también a la hora de la regeneración del partido y de la estructura de la Generalitat que se le espera. La semana pasada comenzó con el segundo escalón de su gobierno... La del partido, con los plazos marcados, se le va a hacer muy, pero que muy larga.
