Las instituciones públicas tienen el objetivo de administrar lo público y atender las necesidades de los administrados. De nada sirve desvirtuar el sentido de este servicio oriendando su acción estratégica al interés partidista, porque finalmente impera el sentido común y prevalece el interés general, dejando en evidencia intereses nada legítimos y alejados de aquello que requieren o reclaman las ciudadanas y ciudadanos: trabajo, soluciones, consenso y avances que resulten en oportunidades de futuro para ellos.

La lealtad, pues, y la colaboración entre instituciones resulta fundamental, aunque parece que los firmantes del Pacto del Botánico eso no lo tienen demasiado claro.

La sentencia número 192/2017 de la sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana declara la nulidad del decreto 26/2016 de 4 marzo, del Consell, por el que se fijan directrices de coordinación propias de la Diputación en materia de turismo.

Ha tenido que resolver un juez lo que cualquier ciudadano de a pie podía valorar con claridad. La Generalitat no puede invalidar la acción de gobierno de una administración pública, legítima y con competencias claras por el capricho de controlar parcelas estratégicas de gobierno, como en este caso es el turismo.

En lugar de buscar sinergias y respaldar políticas que están dando buenos resultados en nuestro territorio, el gobierno de Ximo Puig ha apostado por los decretazos, los dedazos y el intento del «ordeno y mando» que nada tiene de plural, de leal y de democrático.

Seamos serios, trabajemos por seguir posicionando Castellón y el conjunto de la Comunitat en el lugar que se merece en materia turística y dejen de mirarse el ombligo, porque ahí no encontrarán propuestas ni soluciones a los retos que el sector nos plantea en el futuro. Más lealtad institucional.

*Diputado provincial de Turismo