Cuando en octubre del 2015 se constituyó el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, un órgano que aglutina a todo el movimiento vecinal, esperábamos que se convirtiera en un instrumento de relación fluida. No tanto de afinidad, como un espacio de cordialidad que evidenciara la apuesta por la convivencia que se le supone a un órgano de estas características.
Nada más lejos de la realidad. El pasado martes --y ya es el segundo Consejo de manera consecutiva-- no tuvo lugar la reunión ordinaria por falta de quórum. Solo 12 de los 70 miembros del Consejo acudieron a la convocatoria.
Los que se han incorporado recientemente al Consejo se preguntaban qué estaba pasando. Los más veteranos afirmaban sin tapujos: «para venir y no solucionar nada, mejor quedarse en casa» ó «en más de 20 años que llevo en el movimiento vecinal, jamás habíamos vivido una situación más incómoda, molesta y ofensiva».
Lo que mal empieza, mal continúa y ya veremos cómo acaba. Lo que comenzó con una modificación de las bases de subvenciones por parte del gobierno del bipartito con nocturnidad y unilateralmente; continuó con una acusación de fraude --en palabras textuales-- hacia 16 asociaciones de la ciudad.
Así era difícil empezar bien. No puedes acusar a personas que trabajan de forma desinteresada, sacando tiempo de su trabajo, de su ocio y de su familia, para dedicarlo a sus barrios para hacer de la nuestra, una ciudad cohesionada, viva y orgullosa de cada palmo que pisamos. Y menos si lo haces con arrogancia siendo incapaz de presentar una sola prueba de un hipotético fraude, cuando era claro que estábamos ante algún tipo de problema de carácter administrativo.
Tamaña quiebra de la confianza no podía traernos nada bueno. El gobierno municipal está enfrentado desde entonces al movimiento vecinal de la ciudad, por la actitud imprudente y temeraria que tuvo el entonces vicealcalde y que la actual vicealcaldesa --que casualidad, los dos están en los tribunales en calidad de investigados-- no solo no ha sido capaz de corregir, sino que ha terminado por multiplicarlo exponencialmente con el último reparto de subvenciones, que parece hecho a sorteo y sin ningún criterio.
Le pedí entonces a la alcaldesa, Amparo Marco, que tomara cartas en el asunto e intentara recomponer el diálogo y el consenso tan necesario con las asociaciones de vecinos.
Pero el caos municipal, con áreas que parecen compartimentos estancos en función del color político que las gobierna, lo ha hecho imposible.
Y ahora es tarde. La confianza está quebrada. Lo que tendría que ser un marco de convivencia y participación es un trágala insoportable, una ley del embudo por la que la mayoría de las asociaciones no están dispuestas a pasar. Una vez más el PSOE y Compromís parecen el caballo de Atila, por donde pasan, no vuelve a crecer la hierba, ni la participación.
*Vicepresidente de la Diputación Provincial de Castellón
