Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado por sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión». El artículo 20 de la Constitución española reconoce y protege los derechos a la libertad de expresión : «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción». Sin embargo, la semana pasada vivimos de lleno la censura, como en otros tiempos oscuros. Secuestro del libro Fariña de Nacho Carretero, retirada en ARCO de la obra de Santiago Sierra y la condena al rapero Valtonyc por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, consecuencia de una decisión de tres jueces, dos de ellos ya recusados por sus vínculos con el PP.
Frente a esta situación se suceden ejemplos que quedan «libres de sospecha» como opiniones intencionadas que comparan el 23-F con la votación ciudadana del 1 de octubre en Cataluña, como las amenazas y vejaciones de los personajes Carlos Herrera y Jiménez Losantos, o la libertad de insultos de algún dirigente del PP valenciano.
Usar la vía penal para silenciar a artistas, creadores o pensadores son condenas impropias en un estado de derecho y así lo contempla el informe de Amnistía Internacional, que indica «cómo la amplia y vaga definición de terrorismo recogida en la reforma del Código Penal sirve para limitar desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión». Vamos hacia un sistema autoritario que pone en riesgo las libertades. El magistrado Joaquim Bosch enciende las luces advirtiendo que la prisión «no debe usarse para castigar al que molesta, sino para condenar al que mata, al que agrede sexualmente o al corrupto que roba a la sociedad».
Esta misma semana conocimos que España empeora su marca en los índices de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, situándose a niveles de los países del Este. Unos datos que reflejan la desconfianza hacia un Estado que ampara a los corruptos. Y, ante estos datos, además, vivimos cómo TVE manipuló descaradamente esta información en el telediario. Qué viejo el oficio de apagar la luz.
*Periodista
