El Ministerio del Interior tiene listo el borrador para regular los centros de internamiento de extranjeros (CIE), al que espera poner la última coma cuando haya escuchado la opinión de las oenegés y los partidos de la oposición. El texto no solo intentará dar entidad legal a estos centros, sino también adecuar su funcionamiento a las peticiones hechas por el Defensor del Pueblo, colectivos de abogados y decenas de entidades civiles y oenegés.
El cambio de nombre refleja un cambio de filosofía. Los CIE pasarán a ser los centros de estancia controlada de extranjeros (CECE). Es decir, que los extranjeros allí presentes dejarán de ser internos --con la connotación carcelaria que supone y la soterrada identificación de inmigrante con delincuente-- para ser identificados como personas que permanecen allí hasta la resolución de sus casos. En esta línea, la Policía Nacional ceñirá su tarea al ámbito de la seguridad, dejando en manos de un administrador -una figura nueva- y de las oenegés expertas la gestión de los centros. La asistencia sanitaria y la flexibilidad de la vida cotidiana figuran en el borrador del reglamento, aún sin fecha de aprobación. El limbo legal parece que ya ve su final.
