Las medidas cautelares contra Luis Bárcenas decretadas por el juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz -prohibición de salir de España y comparecencia en los juzgados cada 15 días-, eran del todo necesarias desde el punto de vista judicial. Imputado desde el 2009 en el caso Gürtel, el exsenador del PP había logrado hasta ahora sortear sus comparecencias ante diversos tribunales hasta que la Audiencia Nacional, en marzo del 2012, lo volvió a imputar. El descubrimiento de una fortuna en Suiza empeoró más su situación judicial. Pero sus explicaciones ante Ruz sobre la legalidad de su patrimonio (hasta 38 millones) y la desvinculación de este de las arcas del PP no diluyeron los indicios de la presunta comisión de delitos contra Hacienda, cohecho y blanqueo.

Las idas y venidas de Bárcenas al extranjero y la publicación de la presunta contabilidad B del PP han despertado el temor de la justicia a su eventual fuga. Pese a que la presunta financiación ilegal del partido del Gobierno no tiene aún un juez designado, Bárcenas también quiso explicar ayer los números del PP. Este todavía no ha contratado la auditoría prometida, duda sobre cómo actuar e insiste -por boca de María Dolores de Cospedal- en la burla de disfrazar de “finiquito” el salario que pagó a Bárcenas hasta enero.