Con la declaración ante el juez Pablo Llarena de la exdiputada de la CUP Mireia Boya, la instrucción judicial contra la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) aprobada por una parte del Parlamento catalán el pasado 27 de octubre entra en una nueva fase. A partir de hoy empiezan también a desfilar por el Tribunal Supremo los investigados en su condición de presuntos miembros del denominado comité estratégico, que promovía la ruptura con la legalidad vigente en Cataluña, según la documentación incautada al exnúmero dos de Oriol Junqueras en la Conselleria de Economía, Josep Maria Jové. Ahora ya no solo se investigan las responsabilidades de los exmiembros del Gobierno, sino también de las cúpulas de los partidos que, en algunos casos, reunían la condición de parlamentarios: Marta Pascal, Marta Rovira, Artur Mas y Neus Lloveras. Las defensas de estos investigados tienen estos días el reto de desmentir la declaración de Boya que, al contrario que los consellers, en sus declaraciones ante el juez, defendió la plena validez y pretensión de eficacia de aquella DUI. Estamos simplemente en la plasmación en el ámbito judicial de la división que reina en estos momentos en el bloque independentista con estrategias políticas y judiciales claramente disonantes cuando no letalmente contradictorias.
El último caso es el de la huida de otra investigada, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que podría seguir en Suiza el camino de Carles Puigdemont y los cuatro consellers que se encuentran en Bélgica. El ovillo del unilateralismo ahoga cada día más al independentismo político como consecuencia de la acción implacable de la justicia.
